Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca ha lanzado una feroz ofensiva contra indocumentados que viven en Estados Unidos y también ha promovido iniciativas que dificultan que otros inmigrantes, como solicitantes de asilo o quienes buscan ajustar su estatus migratorio puedan conseguir la tan anhelada “Green Card”.
Y a partir del 18 de septiembre próximo, las cosas van a ponerse todavía más “color de hormiga” para aquellos inmigrantes vistos por el gobierno federal como “carga pública”, por utilizar beneficios públicos, por lo que líderes neoyorquinos y organizaciones comunitarias están lanzando una voz de alerta.
Además de rechazar la medida y advertir que generará caos y más miedo entre la comunidad inmigrante y que es falso que sea una medida que solo busque usar mejor los dineros de los contribuyentes, el llamado es a que inmigrantes que buscan alivios migratorios se informen muy bien para evitar verse afectados por la norma, que se implementó por primera vez en febrero de 2020 durante el primer gobierno de Trump.
A pesar de haberse quitado durante la administración Biden, con su reactivación podría hacer que se le niegue la residencia permanente a miles de inmigrantes, especialmente en familias de estatus mixtos, que utilicen beneficios públicos, como cupones de alimentos, Medicaid y vales de vivienda.
Así lo manifestó Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, tras recalcar que la nueva política de carga pública representa un “peligroso retroceso” que perjudicará a los inmigrantes neoyorquinos, muchos de los cuales ya viven en condiciones de inestabilidad, inseguridad y miedo
“La norma de carga pública no busca proteger a los contribuyentes; su objetivo es disuadir a los inmigrantes de acceder a servicios fundamentales y crear un clima de miedo. El impacto irá mucho más allá de las personas directamente afectadas por la norma, haciendo que las familias duden si pueden buscar atención médica o poner comida en la mesa sin correr riesgos”, comentó el defensor de los inmigrantes, quien a su vez aseguró que precisamente los programas públicos de salud y asistencia social están diseñados para mantener bien a las comunidades. “Los neoyorquinos merecen datos concretos, no miedo, y nuestra coalición seguirá trabajando para garantizar que todas las comunidades tengan acceso a asesoramiento legal confiable”.
Javier Ramírez-Barón, director ejecutivo de la organización del Alto Manhattan Cabrini Immigrant Services of NYC, se sumó al llamado a estar informados y criticó la movida del gobierno Trump que le hará la vida de cuadritos a muchas familias.
“La decisión de la administración Trump de revocar la norma de ‘carga pública’ inflige un nuevo perjuicio a las familias que intentan desenvolverse en un sistema migratorio ya profundamente deteriorado. Lidiar con el sistema de inmigración y los programas de beneficios públicos ya es de por sí un desafío, pero ahora muchas personas se verán obligadas a elegir entre ambos”, dijo el líder comunitario.
El defensor social mencionó además que penalizar como carga pública a inmigrantes que buscan alivios y ajuste de estatus migratorio es un golpe directo a la comunidad inmigrante, por lo que insistió en su llamado a estar alerta.
“Otras personas renunciarán a acceder a beneficios esenciales por temor a que ello afecte sus posibilidades de obtener un estatus legal. En Cabrini Immigrant Services, mantenemos nuestro compromiso de garantizar que todas las personas a las que atendemos cuenten con las herramientas y la información necesarias para afrontar estos cambios y acceder a los beneficios a los que tienen derecho, sin temor alguno”, agregó Ramírez, al tiempo que insistió en que no todos los planes públicos convierten a una persona en carga pública.
Faiza N. Ali, comisionada de MOIA (Oficina del Alcalde para asuntos de Inmigración), se sumó a las voces críticas por el plan que se avecina desde septiembre próximo, pero manifestó que la Ciudad estará presta a suministrar información y ayuda para que los inmigrantes entiendan lo que es y lo que no es carga pública.
“La decisión del gobierno federal de ampliar el alcance de la norma de ‘carga pública’ tendrá consecuencias de gran alcance tanto para las familias inmigrantes de los cinco condados, como para la economía de nuestra ciudad. Cuando las personas temen buscar atención médica, denunciar delitos o acceder a otros servicios esenciales, comunidades enteras se vuelven menos seguras”, dijo la funcionaria.
“Sabemos que el miedo crea barreras para la atención, debilita la confianza en las instituciones públicas y afecta la seguridad pública de todos los neoyorquinos. Antes de decidir no acceder a servicios por preocupaciones sobre la carga pública, los neoyorquinos deben comunicarse con la Línea Directa de Apoyo Legal gratuita y confidencial de MOIA, llamando al 1-800-354-0365, para obtener información precisa y actualizada sobre sus derechos y opciones a través de asistencia legal confiable”.
Catherine Chen, directora ejecutiva de la organización Asian American Federation, mostró también su preocupación por lso cambios que se avecinan y pidió a inmigrantes en procesos de residencia o quienes planeen tener procesos que se informen bien antes de hacer cualquier trámite.
“La administración Trump está generando caos una vez más al utilizar la política migratoria para castigar a las familias trabajadoras. Esta cruel política de carga pública obligará a las familias a elegir entre proteger su futuro en este país y cuidar a sus hijos hoy“, dijo la defensor.
“En toda nuestra red de casi 70 organizaciones comunitarias, las familias ya están renunciando a beneficios y evitando servicios como los bancos de alimentos por miedo. Instamos a las familias a informarse a través de fuentes legales confiables antes de darse de baja o evitar beneficios que tienen derecho legal a recibir“, advirtió Chen. “Ninguna familia debería tener que elegir entre asegurar su futuro y cubrir sus necesidades básicas”.
Datos
- Vale la pena advertir que no todos los programas públicos serán considerados carga pública
- Algunos programas de cupones de alimentos y salud pueden ser considerados carga pública
- Para estar más seguro de cuáles son los programas que afectarán la obtención de una Green Card a partir de septiembre, debe informarse
- Puede llamar a la Línea Directa de Apoyo Legal gratuita y confidencial de MOIA, al 1-800-354-0365, para obtener información precisa
- 18 de septiembre empezará a implementarse nuevamente la medida de carga pública para asuntos de inmigración
- Según USCIS, ser carga pública genera inadmisibilidad para ciertos solicitantes de visa, de tarjeta de residencia (green card) o de ajuste de estatus.
- USCIS evaluará si es probable que el solicitante es o pueda ser carga pública dependiendo de asistencia gubernamental, lo que generalmente implica recibir ayuda pública en efectivo para el sustento de ingresos (como SSI o TANF)
- Las novedades del análisis incluirán edad, salud, situación familiar, bienes, recursos, situación financiera, educación, habilidades y cualquier Declaración Jurada de Patrocinio Económico (Formulario I-864) requerida, así como la recepción previa de beneficios públicos pertinentes, según el gobierno
