Santo Domingo.– Sectores vinculados a la industria de los juegos de azar expresaron preocupación ante lo que califican como un intento de modificar la legislación vigente para permitir una mayor expansión de las agencias de apuestas en República Dominicana.
La Asociación contra la Ludopatía denunció que presuntamente en el Congreso Nacional se promueven iniciativas que eliminarían algunas restricciones actuales, entre ellas la establecida en la Ley 140-02, que fija una distancia mínima de 500 metros lineales entre bancas deportivas.
Según la organización, una eventual eliminación de esta medida podría provocar un crecimiento descontrolado de estos establecimientos y aumentar la cantidad de puntos de apuestas en distintas zonas del país.
Los denunciantes también señalaron que existiría un interés en utilizar las agencias hípicas como una vía para ampliar las modalidades de juegos de azar, pese a que, según explican, la Ley 29-06 establece límites sobre las operaciones que pueden desarrollar estos establecimientos.
Asimismo, indicaron que las máquinas tragamonedas solo están autorizadas para operar en casinos de juegos y bancas deportivas, por lo que cuestionan cualquier intento de extender su uso a otros negocios que no estén contemplados en la normativa.
Otro de los planteamientos realizados por la entidad está relacionado con las plataformas de apuestas en línea, tanto nacionales como extranjeras, las cuales, consideran, deben estar sometidas a mayores controles, fiscalización y obligaciones tributarias.
La asociación advirtió que una expansión sin regulaciones claras podría afectar a las bancas deportivas tradicionales, que, según afirmó, han contribuido durante años con el pago de impuestos al Estado dominicano.
También alertaron sobre la posibilidad de que acuerdos entre empresarios del sector y agencias hípicas permitan habilitar hasta 25,000 puntos de operación en todo el territorio nacional, aumentando la presencia de apuestas digitales y otros mecanismos de juego.
Hasta el momento, el Congreso Nacional ni las autoridades responsables de regular esta actividad han ofrecido una respuesta oficial sobre estas denuncias o han confirmado la existencia de un proyecto de ley con los alcances señalados.
