Por: Junior Henríquez
La Cámara de Diputados estudia un proyecto de ley que busca que toda persona que haya cumplido íntegramente la pena impuesta mediante una sentencia definitiva vea cancelado automáticamente su registro de antecedentes penales un mes después de extinguir la condena, sin necesidad de realizar trámites o solicitudes.
La iniciativa fue presentada por el diputado Miguel Arredondo y establece que, una vez eliminados los antecedentes, el beneficiario podrá obtener de manera gratuita un certificado de no antecedentes penales.
De aprobarse, dicho certificado tendría validez para fines laborales, educativos, comerciales, migratorios y administrativos dentro del territorio nacional.
El proyecto también dispone que la cancelación del registro penal será obligatoria para todas las instituciones públicas que administren bases de datos relacionadas con antecedentes penales, las cuales deberán ejecutar el proceso de forma automática al cumplirse un mes desde el cumplimiento total de la condena.
La propuesta busca facilitar la reinserción social y laboral de quienes ya han saldado su deuda con la justicia, eliminando barreras que puedan afectar su acceso a oportunidades de empleo, educación y otros servicios.
