El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plascencia, informó este viernes que notificó al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la decisión del Gobierno venezolano de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI).
La decisión se produce en medio de la investigación que mantiene abierta la CPI sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de autoridades venezolanas, un proceso impulsado originalmente por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
Sin embargo, expertos en derecho internacional sostienen que la salida de Venezuela del Estatuto de Roma no detendrá las investigaciones ya iniciadas ni invalidará eventuales órdenes de captura que pueda emitir la Corte.
El abogado Alí Daniels, vocero de la organización Acceso a la Justicia, explicó que las investigaciones en curso no se ven afectadas por la denuncia del tratado.
“Las investigaciones en curso no se ven afectadas y si surge alguna orden de aprehensión, tiene plena validez legal”, afirmó.
Daniels recordó el caso del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien también retiró a su país del Estatuto de Roma, pero posteriormente fue procesado por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes cometidos durante su guerra contra las drogas.
El jurista explicó que, una vez presentada oficialmente la notificación ante el secretario general de la ONU, debe transcurrir un año para que el retiro tenga efecto jurídico. Durante ese período, Venezuela continúa obligada a cooperar con las investigaciones que ya están en marcha.
En la misma línea, Martha Tineo, representante de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, afirmó que la decisión del Gobierno venezolano no tiene implicaciones prácticas sobre el expediente que actualmente conoce la CPI y consideró que la medida representa un retroceso en materia de derechos humanos.
Tineo recordó además que Venezuela fue uno de los países que participó en la elaboración del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional.
La decisión del Gobierno venezolano también se produce pocos días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticara públicamente a la CPI y anunciara que Washington impulsaría acciones para debilitar al organismo, al considerar que intenta procesar a funcionarios y militares estadounidenses.
Sobre esa coincidencia, Daniels señaló que resulta llamativo que el anuncio de Caracas ocurra pocos días después de esas declaraciones.
