Por: Junior Henríquez | InfoENN – El Nuevo Norte
Puerto Rico.– Una tragedia que involucra a un hombre que asegura haber perdido importantes sumas de dinero en negocios relacionados con dispensarios de cannabis ha generado interrogantes sobre las circunstancias que precedieron a un hecho violento que dejó varias víctimas y conmocionó a la sociedad puertorriqueña.
William Noel Rivera Sánchez es señalado como presunto responsable de quitarles la vida a Félix Plaud de Choudens y al abogado Quiñonez González. Según el relato difundido, Rivera Sánchez habría publicado videos en redes sociales en los que admite su participación en los hechos y denuncia haber sido engañado económicamente.
De acuerdo con sus alegaciones, entregó importantes cantidades de dinero para participar en dos negocios de dispensarios de cannabis que no produjeron los resultados prometidos. Sostiene que perdió sus ahorros y que nunca recibió la devolución de los recursos invertidos.
El caso ha abierto un debate sobre las consecuencias de los conflictos económicos, la confianza en las instituciones y la necesidad de investigar oportunamente las denuncias de posibles irregularidades financieras.
Ninguna pérdida económica justifica quitarle la vida a otra persona. Sin embargo, conocer los antecedentes de esta tragedia resulta fundamental para establecer si existieron reclamaciones previas, qué respuestas recibieron y si hubo actuaciones que debieron ser investigadas.
Documentos judiciales examinados por medios puertorriqueños revelan que Rivera Sánchez había presentado dos demandas relacionadas con estas inversiones. En una reclamó la devolución de 100,000 dólares, mientras que en otra denunció inversiones por 161,000 dólares y solicitó compensaciones adicionales por daños. La primera controversia llegó a un acuerdo judicial en agosto de 2025, cuyo cumplimiento es ahora objeto de investigación.
La tragedia terminó con tres personas sin vida. Además de Quiñones González y Plaud de Choudens, Rivera Sánchez fue encontrado fallecido en una residencia de Santa Isabel, con una herida presuntamente autoinfligida. La Policía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer completamente los acontecimientos.
Más allá de las responsabilidades individuales, el caso deja una pregunta que merece respuesta: ¿pudo evitarse esta tragedia si las controversias económicas se hubieran resuelto antes?
Las acusaciones de fraude todavía no constituyen hechos judicialmente probados. Corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió, sin justificar la violencia ni ignorar las reclamaciones que precedieron a los acontecimientos.
Porque una tragedia no siempre comienza el día en que se produce un hecho violento. En ocasiones, sus antecedentes se remontan a años de conflictos, pérdidas económicas y reclamaciones sin resolver.
