Durante los primeros 21 días de septiembre, 23 personas han fallecido en intervenciones policiales en República Dominicana. De ellas, 21 murieron en apenas 10 días, una concentración inusual de casos que obliga a mirar con atención tanto el nivel de violencia criminal que enfrenta el país como la forma en que el Estado responde a ella.
Varios de los fallecidos habían sido señalados por las autoridades como integrantes o colaboradores de estructuras delictivas. En las últimas semanas han aparecido nombres como “Los Fantasmas”, “Los 1600” y, en versiones divulgadas alrededor de los hechos de Boca Chica, “Los Sanjuaneros”. La Policía atribuye a miembros de estas estructuras participación en homicidios, robos, secuestros, narcotráfico y otros delitos graves.
Uno de los episodios que más estremeció al país ocurrió el pasado 12 de septiembre en Los Coquitos, Boca Chica, donde murieron el artista urbano Jesús Alexis Delgado Ortiz, conocido como Diddy Glow, y Jonathan Villanueva, mientras otras cinco personas resultaron heridas. Diddy Glow, de 31 años, no habría sido el objetivo principal del ataque, según las informaciones publicadas posteriormente.
Después de aquel hecho, la Policía informó la muerte de varios hombres vinculados presuntamente con la investigación: Michael Junior Rodríguez Peguero, “Michael Peluche”; un hombre identificado como “Enger”; Wender Alcántara; y Deivi Rosado Durán, “El Gordo” o “El Fantasma de Guindo”. Las autoridades los relacionaron con grupos como “Los 1600” y “Los Fantasmas”.
Más tarde, la institución informó también el fallecimiento de Jorge Luis Tissol Báez, “Yiro”, señalado como integrante de “Los Fantasmas” y buscado mediante órdenes judiciales. La Policía atribuye a esa estructura presuntos vínculos con sicariato, secuestros, narcotráfico, asociación de malhechores y atracos agravados.
No son números aislados. En lo que va de 2026 se contabilizan 180 personas fallecidas en acontecimientos con participación policial, de acuerdo con el recuento publicado este 21 de septiembre.
Y aquí aparece una realidad que no puede ignorarse: existe una sociedad cansada del miedo.
Durante años, comerciantes, familias, conductores, trabajadores y jóvenes han denunciado atracos, homicidios, asaltos y la presencia de estructuras cada vez más organizadas. El ciudadano que sale temprano a trabajar quiere regresar a su casa. Quien tiene un pequeño negocio quiere cerrar sus puertas sin temor. Una madre quiere que su hijo pueda caminar por su barrio sin quedar atrapado en una disputa entre bandas.
Los datos oficiales muestran, al mismo tiempo, una reducción del indicador general de homicidios. Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta situaba la tasa acumulada en 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, por debajo de los niveles informados para 2025, 2024, 2023 y 2022. Según ese reporte, 28 territorios del país mantenían tasas inferiores a 10 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Esos resultados merecen ser considerados. Pero también debemos preguntarnos cuál debe ser el verdadero precio de la paz.
La paz no puede tener como única medida el número de personas que caen.
El Estado tiene el deber de perseguir con firmeza al delincuente, proteger a sus agentes cuando son atacados y enfrentar a organizaciones capaces de sembrar terror en una comunidad. Pero también tiene la obligación de garantizar que cada intervención policial sea legal, proporcional, documentada y posteriormente investigada cuando termine con una vida.
Porque cada fallecido, independientemente de su historial o de las acusaciones que pesaran sobre él, era una persona que pudo haber terminado ante un tribunal. Y detrás de muchos de esos jóvenes también quedan madres, hijos, hermanos y familias preguntándose en qué momento comenzaron a perderlos.
Quizás allí está la parte más dolorosa de esta realidad: muchos son muy jóvenes.
La sociedad dominicana necesita discutir no solamente cómo detener a quienes ya están dentro de las estructuras criminales, sino también cómo evitar que un adolescente termine creyendo que una banda, un arma, el dinero rápido o la violencia representan un futuro.
La verdadera victoria contra la delincuencia llegará cuando haya menos víctimas inocentes como Diddy Glow; cuando las bandas pierdan capacidad para controlar territorios; cuando los delincuentes sean apresados y condenados; cuando los policías puedan regresar sanos a sus hogares; y, sobre todo, cuando menos jóvenes lleguen a convertirse en protagonistas de estas historias.
La paz tiene un precio.
Pero ese precio debe pagarse principalmente con prevención, educación, inteligencia, investigación criminal, justicia efectiva, oportunidades para nuestros jóvenes y una Policía profesional capaz de hacer cumplir la ley dentro de la propia ley.
El país necesita autoridad. Necesita orden. Necesita que las organizaciones criminales sepan que enfrentarán las consecuencias de sus actos.
Pero también necesita instituciones suficientemente fuertes para demostrar que en República Dominicana la seguridad y el respeto a la vida no tienen por qué ser principios enfrentados.
Ese debe ser el verdadero camino hacia la paz.
Editorial InfoENN
