Un informe independiente de 277 páginas confirmó lo que organizaciones de Derechos Humanos venían denunciando desde hace décadas: el sistema penitenciario del estado de Nueva York atraviesa una crisis estructural marcada por el uso excesivo de la fuerza, una cultura de encubrimiento, discriminación racial, incumplimiento de la ley que limita el confinamiento solitario y una profunda falta de rendición de cuentas.
La investigación, realizada por la firma WilmerHale por encargo del estado tras las muertes bajo custodia de Robert Brooks y Messiah Nantwi, concluye que ambos casos no fueron hechos aislados, sino la expresión de problemas sistémicos que se han agravado durante la última década.
Fuerza en aumento
Uno de los hallazgos más contundentes es el incremento sostenido del uso de la fuerza por parte de oficiales correccionales. Según el informe, el empleo de gas pimienta pasó de 124 incidentes anuales hace una década a 4,758 en 2024.
Además, de casi 1,200 denuncias por uso excesivo de la fuerza presentadas por personas encarceladas durante 2024, solo 40 fueron confirmadas por investigaciones internas.
Las encuestas realizadas en las prisiones de Marcy y Mid-State refuerzan ese panorama: cerca de dos de cada tres personas privadas de libertad dijeron haber presenciado episodios de uso de la fuerza, y alrededor del 90% de quienes los observaron consideró que la violencia no estaba justificada.
Entre quienes afirmaron haber sido víctimas directas, entre el 57.5% y el 71.9% reportó haber sufrido lesiones físicas.
Discriminación racial
El estudio también documentó un patrón persistente de discriminación racial: “cerca de la mitad de los encuestados percibe que las personas negras y de otros grupos raciales reciben un trato más severo y son objeto de un uso más frecuente de la fuerza”.
Ex oficiales entrevistados reconocieron, además, el uso de insultos raciales contra personas negras bajo custodia.
Se encubre el abuso
Otro hallazgo central es la existencia de una cultura institucional que normaliza la violencia y obstaculiza la denuncia de abusos.
Los investigadores hallaron evidencia de supuestos reportes falsificados para minimizar lesiones, intentos de ocultar incidentes de uso excesivo de la fuerza y fallas de supervisión que permitieron que oficiales señalados por conductas indebidas permanecieran en sus cargos.
Tanto personas encarceladas como empleados dijeron sentirse inseguros dentro del sistema.
Incumplimiento de la Ley HALT
El informe concluye que el Departamento estatal de Correcciones (DOCCS) sigue incumpliendo la Ley Ley de Alternativas Humanas al Confinamiento Solitario Prolongado (HALT) aprobada para limitar el confinamiento solitario.
Los investigadores documentaron casos de personas recluidas en aislamiento por períodos superiores a los permitidos por la ley, escasa o nula programación terapéutica fuera de las celdas y unidades restrictivas usadas principalmente como espacios de castigo en lugar de centros orientados a la rehabilitación.
La Ley HALT aprobada en Nueva York en 2021 y vigente desde 2022, estableció nuevas restricciones al uso del aislamiento prolongado en cárceles y prisiones del estado. La normativa limita este castigo a un máximo de 15 días consecutivos.
57 recomendaciones
Para corregir las deficiencias identificadas, el informe formula 57 recomendaciones de corto, mediano y largo plazo orientadas a transformar la cultura y el funcionamiento del sistema penitenciario estatal.
“Nuestras recomendaciones no constituyen, en absoluto, un punto final. No existen soluciones rápidas para esta situación. Muchas de nuestras recomendaciones exigirán años de esfuerzo dedicado, innovación operativa y compromiso financiero. Además de posibles medidas legislativas y actualizaciones de los convenios colectivos”, destaca textualmente el reporte.
Entre las principales recomendaciones figuran la creación de un Director de Gestión de Riesgos para prevenir patrones de violencia, la ampliación de cámaras de vigilancia y la revisión obligatoria de grabaciones corporales.
El informe también propone reformar la capacitación de los oficiales, fortalecer los procesos disciplinarios, modernizar los sistemas de información y ampliar los programas de salud mental para empleados y personas bajo custodia.
“Estamos actuando”
Por su parte el comisionado del DOCCS, Daniel Martuscello III, señaló en un comunicado divulgado por medios locales que el informe refleja tanto el trabajo que la agencia ya comenzó para mejorar la seguridad, la rendición de cuentas y la profesionalización del sistema, como “el importante trabajo que aún queda por hacer”.
El funcionario afirmó que esta agencia estatal está comprometido con implementar reformas significativas, trabajar con organizaciones externas y aumentar la transparencia para lograr condiciones más seguras dentro de las prisiones.
Incumplimiento sistemático
Asimismo, la Sociedad de Ayuda Legal (Legal Aid Society) afirmó que el informe confirma lo que durante años han denunciado organizaciones defensoras de los derechos civiles.
“Las muertes de Robert Brooks y Messiah Nantwi fueron tragedias horribles y prevenibles que expusieron profundas fallas de seguridad, rendición de cuentas y cultura institucional dentro del sistema penitenciario de Nueva York”, señaló la organización en un comunicado.
Legal Aid sostuvo que el documento demuestra que el problema “no es la Ley HALT, sino el incumplimiento sistemático del DOCCS”, y pidió a las autoridades implementar plenamente las reformas recomendadas en lugar de recurrir al aislamiento prolongado como respuesta a la violencia dentro de las prisiones.
