SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC) ordenó a la Dirección General de la Policía Nacional pagar RD$2,845,000 a Dulce María Lora Solís, viuda del exgeneral José Antonio Feliciano Castillo, por concepto de una liquidación de astreinte generada por el incumplimiento de una sentencia que ordenaba reconocer el rango de general de brigada al oficial, reajustar su pensión y pagarle los valores retroactivos correspondientes.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0736/26, explica que la suma corresponde a la multa acumulada hasta el 29 de enero de 2026, por los días en que la Policía continuó sin cumplir lo ordenado por el Tribunal Constitucional.
La astreinte había sido fijada originalmente en RD$5,000 por cada día de retraso, luego de que el TC, mediante la Sentencia TC/0103/22, ordenara a la PN ejecutar una disposición administrativa emitida en el año 2007.
Ya había una primera liquidación
Esta no es la primera vez que el Tribunal Constitucional ordena pagar una suma por el incumplimiento de esa sentencia.
En junio de 2025, mediante la Sentencia TC/0364/25, el tribunal había fijado en RD$3,610,000 la primera liquidación de la astreinte a favor de Lora Solís.
La nueva decisión corresponde a un período diferente de incumplimiento, posterior al que fue tomado en cuenta para calcular los RD$3.61 millones.
Con esta segunda liquidación, las astreintes establecidas por el Tribunal Constitucional en relación con el incumplimiento de la sentencia ascienden a RD$6,455,000, sin que ello incluya otros períodos que pudieran ser objeto de liquidación posteriormente, siempre que se trate de días de incumplimiento no incluidos en cálculos anteriores.
¿Qué debía cumplir la Policía?
El conflicto se originó en una disposición de la Policía Nacional de fecha 1 de marzo de 2007, mediante la cual José Antonio Feliciano Castillo fue ascendido al rango de General de brigada y colocado en situación de retiro efectivo.
Sin embargo, según el expediente, la institución no ejecutó las disposiciones relacionadas con el reconocimiento de ese rango y la adecuación de su pensión.
Feliciano Castillo acudió a los tribunales para reclamar el cumplimiento de la orden. Inicialmente, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó su acción, pero posteriormente recurrió ante el Tribunal Constitucional.
En abril de 2022, el Tribunal Constitucional acogió su recurso y ordenó a la Policía:
- Reconocer como efectivo su retiro con el rango de general de brigada.
- Adecuar su pensión de acuerdo con ese rango.
- Pagar de manera retroactiva la diferencia de las pensiones que dejó de percibir desde el 1 de marzo de 2007 hasta el 18 de septiembre de 2019.
- Cumplir con esas disposiciones en un plazo de 30 días.
Además, estableció la astreinte de RD$5,000 diarios por cada día de retraso después de vencido ese plazo.
La viuda reclama el cumplimiento
José Antonio Feliciano Castillo falleció sin que, según lo planteado en el expediente, se hubiera cumplido plenamente lo ordenado por el Tribunal Constitucional.
Ante esa situación, su esposa, Dulce María Lora Solís, asumió el reclamo y en julio de 2024 presentó una primera solicitud para que se liquidar la astreinte.
El Tribunal acogió esa solicitud en 2025 y fijó el pago de RD$3.61 millones.
Al considerar que la Policía continuaba sin cumplir la sentencia, Lora Solís presentó una segunda solicitud de liquidación el 29 de enero de 2026, esta vez por los días posteriores al período que ya había sido liquidado.
TC: el incumplimiento continuado permite nuevas multas
El Tribunal Constitucional explicó que una nueva liquidación puede solicitarse cuando el incumplimiento continúa después del período que ya fue calculado.
Según el tribunal, no se trata de volver a cobrar por los mismos días, sino de reconocer un nuevo período de incumplimiento.
La alta corte recordó que la astreinte no tiene como finalidad indemnizar, sino presionar al obligado para que cumpla una decisión judicial.
