El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sometió este lunes ante la Secretaría General una propuesta de modificación al párrafo del artículo 173 del proyecto del nuevo Código Penal, relacionado con la Ley sobre Trata de Personas, y reiteró que el Congreso trabaja para que la normativa entre en vigor el próximo 3 de agosto, como está previsto.
El legislador explicó que la iniciativa forma parte de las observaciones que continúan evaluándose tras escuchar los planteamientos de distintos sectores durante el proceso de discusión de la pieza.
De los Santos aseguró que las propuestas acogidas cuentan con el debido sustento técnico y jurídico, mientras que quienes presentaron sugerencias que no fueron aceptadas recibirán una explicación formal sobre las razones de esa decisión.
“Todas las propuestas que han sido acogidas están bien justificadas y bien sustentadas. Aquellas que no fueron acogidas, por una razón u otra, también recibirán una comunicación explicando por qué no se podían aplicar esas modificaciones”, expresó.
Confía en que será aprobado antes de concluir la legislatura
El presidente del Senado manifestó su confianza en que las modificaciones pendientes serán aprobadas antes de que finalice la actual legislatura, por lo que entiende que no habrá obstáculos para que el nuevo Código Penal entre en vigencia el 3 de agosto.
Asimismo, informó que el Senado y la Cámara de Diputados mantienen un trabajo coordinado para consensuar los cambios antes de que el proyecto llegue nuevamente a la Cámara Alta, con el propósito de evitar nuevas modificaciones y agilizar su aprobación definitiva.
No descarta una legislatura extraordinaria
De los Santos indicó que, si fuese necesario, el Congreso Nacional continuaría con el conocimiento de la iniciativa durante una legislatura extraordinaria, con el objetivo de garantizar su aprobación final y remitirla posteriormente al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El proyecto de reforma del Código Penal ha sido objeto de diversas observaciones por parte de sectores sociales, jurídicos y profesionales, cuyos planteamientos continúan siendo evaluados por el Congreso Nacional.
