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Santiago.- El jurista Juan Carlos Ortiz defendió este lunes la entrada en vigencia del nuevo Código Penal a partir del próximo mes de agosto y rechazó cualquier intento de posponer su aplicación, al considerar que el país no puede seguir retrasando una reforma que fue debatida durante más de tres décadas.

Ortiz sostuvo que, aunque ninguna legislación es perfecta, el nuevo Código representa un avance significativo frente a la normativa vigente, la cual calificó como obsoleta por tener más de un siglo de existencia y no responder a las realidades del crimen y los delitos modernos.

“Las leyes nunca serán perfectas. Este Código Penal fue esperado por más de 30 años y ya agotó el proceso legislativo. No puede haber una nueva prórroga porque la ley perdería el respeto y la credibilidad”, expresó el abogado.

El jurista afirmó que cualquier disposición que genere controversia o requiera ajustes puede ser modificada posteriormente mediante el proceso legislativo, pero insistió en que eso no debe convertirse en un obstáculo para impedir su entrada en vigor.

“Si hay artículos con los que la sociedad no está de acuerdo, que se modifiquen en el camino, pero no pongamos más trabas. Lo importante es que el Código comience a aplicarse”, enfatizó.

Asimismo, cuestionó las voces que en las últimas semanas han manifestado oposición a la implementación de la nueva legislación, asegurando que el momento para debatir el contenido ya pasó durante las consultas y discusiones realizadas antes de su aprobación.

Ortiz sostuvo que el nuevo Código Penal permitirá sancionar conductas delictivas que no estaban contempladas en la antigua legislación, fortaleciendo así la respuesta del sistema de justicia frente a los desafíos actuales de la criminalidad.

En ese sentido, hizo un llamado a respetar el proceso legislativo y permitir que el nuevo Código Penal entre en vigencia en agosto, asegurando que las reformas necesarias podrán realizarse posteriormente sin paralizar la aplicación de una ley que considera indispensable para modernizar la justicia penal dominicana. 

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