Por: Troi Orlando Espejo.-
SANTO DOMINGO, RD.– El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), junto a una coalición de organizaciones de la prensa y de los derechos humanos, depositó este miércoles una instancia formal ante el Senado y la Cámara de Diputados en la que solicita la reforma o eliminación de 15 artículos de la Ley Núm. 74-25 (Código Penal), por considerar que vulneran derechos fundamentales, la Constitución de la República y convenios internacionales.
El documento fue dirigido de manera conjunta a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; y de la Comisión Bicameral, Wandy Batista.
La iniciativa cuenta con el respaldo del CDP, el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CONADEHU), el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Movimiento Marcelino Vega (MMV).
Los gremios advierten que la legislación promulgada contiene disposiciones ambiguas y desproporcionadas que penalizan el ejercicio periodístico y la denuncia ciudadana, generando un "efecto inhibidor" que fomenta la autocensura.
Entre las principales objeciones, exigen la despenalización de la difamación y la injuria para trasladarlas exclusivamente a la vía civil, aplicando el estándar de "real malicia" cuando se trate de funcionarios públicos y ampliando la "excepción de la verdad" en asuntos de interés público.
Asimismo, las organizaciones rechazan de manera categórica la responsabilidad penal corporativa y en cascada contemplada en los artículos 39 y 370, argumentando que se pretende castigar a las empresas de comunicación por acciones de terceros, lo que viola el principio constitucional de la personalidad de la pena.
También demandan la supresión del artículo 310 sobre el ultraje a funcionarios públicos, alegando que las autoridades no deben gozar de privilegios penales frente a la crítica ciudadana.
Otra de las grandes preocupaciones expresadas es el artículo 379, referente al "sabotaje contra los intereses de la nación", el cual establece penas de hasta 30 años de prisión.
Los comunicadores advierten que su redacción es tan ambigua que corre el riesgo de convertir a periodistas y ciudadanos en informantes obligatorios de los organismos de seguridad del Estado, destruyendo el secreto profesional.
En ese mismo orden, la instancia solicita revisar las condenas excesivas por acoso y ciberacoso, definir claramente los criterios para el decomiso de equipos e imprentas, y asegurar eximentes claros para el periodismo de investigación que revele datos sobre corrupción o violaciones a los derechos humanos. Los proponentes enfatizan que el temor a la persecución penal termina convirtiéndose en un mecanismo de censura indirecta que afecta el derecho de toda la sociedad a estar informada de manera plural e independiente.
En el documento servido a los medios, las entidades firmantes, encabezadas por Luis Pérez (CDP), Ramón Miguel Gutiérrez (CONADEHU), Gabriel Cruz (IPPP), Manuel Ureña (SNTP) y Olivo De León (MMV), solicitaron formalmente a las cámaras legislativas acoger el documento de manera inmediata y abrir un proceso de vistas públicas con la sociedad civil antes de que la norma jurídica entre en vigencia en agosto de este año, con el fin de adecuar los 15 artículos señalados a los estándares internacionales de derechos humanos.
