Por la Redacción de InfoENN – El Nuevo Norte
SANTO DOMINGO.– El senador Antonio Taveras Guzmán sometió una propuesta de modificación a varios artículos de la Ley 74-25, con el objetivo de fortalecer las garantías constitucionales de libertad de expresión y de prensa, así como adecuar los delitos contra el honor a los principios de legalidad y proporcionalidad.
El legislador explicó que la iniciativa busca evitar que disposiciones penales ambiguas o desproporcionadas puedan limitar el ejercicio legítimo de la opinión, la crítica y la información, especialmente cuando se trata de temas de interés público.
Entre los puntos principales de la propuesta figura la modificación del artículo 208 sobre difamación. Taveras plantea que solo sea sancionable la imputación pública de hechos falsos que afecten el honor o la reputación de una persona, eliminando las penas de prisión y sustituyéndolas por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, además de la reparación civil correspondiente.
Respecto al artículo 209, relacionado con la denominada difamación extorsiva, el senador propone convertirla en una modalidad de difamación agravada. La modificación reduciría la pena actualmente prevista de cinco a diez años de prisión, sustituyéndola por una sanción de quince días a un año de prisión menor cuando la difamación sea utilizada para obtener beneficios indebidos o para obligar a una persona a realizar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de sus intereses.
La iniciativa también propone cambios al artículo 210 sobre injuria, con el propósito de proteger la libertad de opinión y de crítica. En ese sentido, se eliminarían las penas de prisión y se establecerían únicamente multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, junto a la reparación civil del daño causado.
Otro de los puntos relevantes es la modificación del artículo 212, para establecer que ninguna infracción contra el honor o la vida privada pueda dar lugar al cierre de medios de comunicación, suspensión de actividades, revocación de licencias, incautación de equipos o cualquier otra medida que limite su funcionamiento.
Taveras Guzmán entiende que sanciones de ese tipo resultan incompatibles con la libertad de prensa y de expresión, por lo que considera necesario blindar a los medios frente a medidas desproporcionadas.
De igual forma, el legislador propuso derogar el artículo 310, que sanciona el ultraje a funcionario o servidor público. A su juicio, esta figura otorga una protección penal privilegiada a los funcionarios frente a los ciudadanos, limita el escrutinio público sobre quienes ejercen funciones estatales y entra en conflicto con el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Según explicó el senador, las modificaciones planteadas buscan modernizar el ordenamiento jurídico dominicano y alinearlo con la Constitución y los estándares internacionales de protección de los derechos fundamentales.
La propuesta abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre el derecho al honor, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana.
