Santiago.- Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y uno de los principales imputados en la denominada Operación Onco14, rechazó las acusaciones formuladas en su contra por el Ministerio Público y aseguró desconocer de dónde surge la versión de que posee una gran fortuna económica.
Al ser abordado por periodistas durante el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, Lora Cruceta afirmó que espera que las autoridades presenten las pruebas que sustenten las imputaciones en su contra, luego de que el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, revelara que las investigaciones apuntan a un presunto desfalco de RD$3,700 millones en el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
“Yo no sé de dónde sacan que soy millonario. Que presenten las pruebas en el tribunal”, expresó el imputado al referirse a las acusaciones que pesan en su contra.
Según el Ministerio Público, los fondos presuntamente desviados provienen en gran parte de recursos transferidos por el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), los cuales habrían sido manejados de manera irregular mediante un esquema fraudulento que operó durante años dentro de la institución de salud.
Wilson Camacho sostuvo que el expediente contiene evidencias documentales, financieras y periciales que vinculan a los acusados con delitos de estafa contra el Estado dominicano, lavado de activos, chantaje y otras infracciones relacionadas con corrupción administrativa.
Junto a Lora Cruceta también figuran como imputadas Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y esposa del exdirectivo del patronato, así como Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta de la entidad.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, mientras continúan las investigaciones sobre el supuesto entramado que habría afectado recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer en la región Norte.
La audiencia para conocer las medidas de coerción contra los implicados fue aplazada ayer para el próximo viernes 18, fecha en la que la jueza deberá decidir sobre la solicitud presentada por el órgano acusador.
