Santiago.- La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Yoberty Polanco, se reservó para el próximo viernes 19 de junio, a las 2:00 de la tarde, el fallo sobre la solicitud de medida de coerción presentada contra diez imputados señalados por el Ministerio Público como miembros de una presunta red criminal dedicada a estafar, extorsionar y lavar activos mediante operaciones fraudulentas que tenían como víctimas a ciudadanos de Estados Unidos.
La magistrada adoptó la decisión luego de concluir los debates entre el Ministerio Público y los abogados de la defensa, quienes expusieron sus argumentos en torno a las pruebas y la calificación jurídica presentada contra los acusados.
El órgano acusador, a través de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, solicita un año de prisión preventiva para los diez encartados, así como que el expediente sea declarado de tramitación compleja, alegando la magnitud de la supuesta estructura criminal y la naturaleza transnacional de los hechos investigados.
Según la investigación, los imputados integraban una organización que presuntamente realizaba extorsiones, chantajes y estafas electrónicas contra ciudadanos residentes en Estados Unidos, obteniendo beneficios económicos que posteriormente habrían sido sometidos a procesos de lavado de activos.
Durante la audiencia, los abogados de la defensa insistieron en que las evidencias presentadas por el Ministerio Público carecen de fuerza vinculante para sustentar medidas de coerción tan severas.
El jurista José Reynoso García manifestó que la defensa espera que el tribunal valore de manera objetiva los elementos aportados y sostuvo que existen víctimas que, según afirmó, no han sido debidamente identificadas dentro del proceso.
De su lado, el abogado Elvin Ventura cuestionó la tipificación jurídica presentada por el Ministerio Público y aseguró que las pruebas depositadas son de carácter documental y certificadas, pero no establecen un vínculo directo entre los imputados y los hechos atribuidos.
“El Ministerio Público no ha presentado víctimas presenciales ni testigos que puedan identificar directamente a alguno de los imputados como responsables de las supuestas estafas”, argumentó el defensor al concluir la audiencia.
Los acusados son Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
La decisión que emitirá la jueza el próximo viernes definirá si los imputados enfrentarán el proceso bajo prisión preventiva y si el caso será declarado complejo, como solicita el Ministerio Público, en una investigación que apunta a una presunta red de ciberdelincuencia con alcance internacional.
