SANTIAGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva contra un abogado y una mujer investigados por captar adolescentes de entre 13 y 17 años, ofrecerles dinero y regalos para que sostuvieran relaciones sexuales entre sí y grabar esos encuentros.
Los imputados fueron identificados como Andrés Acosta Vargas, abogado de oficio residente en Santiago y Franyely Franchesca Peralta Guzmán, oriunda del municipio Esperanza, provincia Valverde. Ambos cumplirán la medida en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente.
De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, los señalados integraban una presunta estructura criminal que contactaba a menores de edad y les ofrecía dinero en efectivo y otros regalos para inducirlos a mantener relaciones sexuales con otros adolescentes, mientras Acosta Vargas presuntamente grababa los actos.
La investigación, dirigida por el fiscal Juan Osvaldo García, ha permitido identificar al menos tres víctimas, entre ellas una adolescente de 17 años que se encuentra en estado de gestación.
Según el expediente, Acosta Vargas contactó a uno de los menores mediante una aplicación de citas y le ofreció dinero para sostener relaciones sexuales. Ante la negativa de este, presuntamente le propuso presentarle a otra de las adolescentes involucradas.
Además, una de las víctimas habría sido trasladada bajo engaño desde la provincia Valverde hasta Santiago, como parte de las acciones atribuidas a los investigados.
Durante la audiencia, la fiscal litigante Heidys de León presentó los elementos que sustentan la solicitud de coerción. El tribunal también autorizó el anticipo de pruebas a las víctimas menores de edad y a otro adolescente que figura como testigo, con el propósito de preservar sus testimonios y evitar que tengan que exponerse repetidamente al proceso judicial.
De igual manera, el juez Dayham Rodríguez autorizó la extracción de información de los teléfonos celulares presentados como evidencias, para profundizar las investigaciones.
Evidencias ocupadas
Entre los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público figuran objetos recolectados durante un allanamiento a la residencia de Acosta Vargas, entre ellos preservativos nuevos y usados, medicamentos, supuestos somníferos, cámaras de videograbación, cables transmisores USB, dinero en efectivo y estimulantes sexuales.
La investigación atribuye provisionalmente a los imputados violaciones a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, modificada por la Ley 46-25; al artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-03, sobre Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El Ministerio Público sostiene que los hechos investigados constituyen presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación se
