La Corriente Gremial Dignidad Jurídica afirmó este viernes que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional debe acoger la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, al considerar que el proceso superó el plazo máximo de duración establecido por la ley.
El presidente de la entidad, Leonardo Reynoso, informó que la solicitud fue depositada por la defensa el pasado miércoles y recordó que la continuación de la audiencia fue fijada para el próximo lunes 27 de julio, a las 9:00 de la mañana. Asimismo, invitó a la comunidad jurídica a asistir como observadora del desarrollo de la audiencia.
Alegan que el proceso supera el límite legal
Reynoso sostuvo que el caso trasciende la situación particular del exfuncionario y plantea una decisión de alcance institucional para el sistema de justicia.
Explicó que el artículo 150 del Código Procesal Penal dispone la extinción de la acción penal cuando un proceso supera el plazo máximo legal de cuatro años, siempre que no exista una decisión judicial que atribuya al imputado maniobras dilatorias que justifiquen su prolongación.
Según afirmó, el expediente supera ampliamente ese límite, al acercarse a seis años desde el inicio de la investigación, y aseguró que no existe una decisión judicial que responsabilice a Jean Alain Rodríguez de retrasos procesales que permitan extender el plazo previsto por la legislación.
Citan estadísticas y presuntas fallas procesales
El presidente de Dignidad Jurídica indicó que de acuerdo con estadísticas oficiales del Poder Judicial, entre 2014 y 2025 los tribunales dominicanos acogieron 22,645 solicitudes de extinción de la acción penal, mientras que 2,769 fueron rechazadas o declaradas inadmisibles, por lo que consideró que se trata de un mecanismo ordinario de protección de las garantías procesales.
Asimismo, argumentó que el vencimiento del plazo no obedeció a actuaciones atribuibles a la defensa, sino a presuntas deficiencias institucionales durante la investigación y la acusación.
Como ejemplo, mencionó una investigación que se prolongó durante casi dos años, una acusación de más de 12,000 páginas y más de 3,000 pruebas, la entrega de un disco duro defectuoso que, según afirmó, retrasó el proceso durante aproximadamente un año, además de la presunta entrega tardía de evidencias y el supuesto incumplimiento de decisiones judiciales que ordenaban su entrega.
Defienden aplicación uniforme de la ley
El Consejo Directivo de Dignidad Jurídica sostuvo que la jurisprudencia nacional e internacional reconoce el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable como una garantía esencial del debido proceso, por lo que entiende que las deficiencias o retrasos atribuibles al Estado no deben traducirse en una prolongación indefinida de la persecución penal.
Finalmente, Reynoso afirmó que acoger la solicitud de extinción no constituye una declaración sobre la culpabilidad o inocencia de Jean Alain Rodríguez, sino la aplicación de las garantías procesales y del Estado de derecho. Agregó que en la rueda de prensa participaron más de 35 abogados integrantes de la Dirección Nacional de la Corriente Gremial Dignidad Jurídica.
