Por Junior Henríquez.-

Leonel Fernández y Danilo Medina pueden participar en el debate nacional y presentar propuestas. Lo que no pueden hacer con credibilidad es hablar como si acabaran de descubrir los problemas del país. Entre ambos encabezaron gobiernos del PLD durante veinte años. Al marcharse, dejaron avances visibles, pero también electricidad cara e inestable, baja calidad educativa, fallas sanitarias, informalidad laboral, presión fiscal y deuda, inseguridad, hacinamiento penitenciario, déficit de vivienda, debilidad institucional y reclamos de transparencia.

La afirmación de que “no resolvieron ni un solo problema” expresa indignación, pero es fácil de refutar. Hubo crecimiento económico, infraestructura, ampliación del Seguro Familiar de Salud, jornada escolar extendida, nuevas aulas, el 911, reducción de la pobreza en varios años y mayor capacidad de generación eléctrica. La crítica más sólida es otra: esos logros no cerraron problemas estructurales que los propios gobiernos prometieron resolver. En varios casos, la administración saliente entregó la obra, el programa o la ley; no entregó el resultado completo.

El criterio para medir lo pendiente

Este balance usa una regla sencilla: un problema se considera pendiente cuando, en la fecha de salida de cada presidente, los indicadores, la prensa o los organismos públicos seguían registrándolo como una vulnerabilidad relevante. No se exige que un gobierno elimine por completo la pobreza, el delito o la mortalidad. Sí se exige que no presente como victoria definitiva un asunto que continuaba reclamando reformas, recursos o cumplimiento institucional.

La comparación tampoco confunde períodos. El primer gobierno de Fernández terminó en agosto de 2000; sus dos administraciones siguientes terminaron en agosto de 2012. Medina gobernó hasta agosto de 2020. La pandemia alteró el cierre económico y sanitario de este último período, de modo que los efectos extraordinarios de 2020 deben separarse de las tendencias acumuladas antes del COVID-19.

Leonel Fernández en 2000

El primer mandato de Fernández modernizó infraestructura y promovió reformas económicas, pero dejó abiertas las bases sociales de esa modernización. La Ley General de Educación 66-97 fijó una inversión mínima equivalente al 4 % del producto interno bruto o al 16 % del gasto público, el monto que resultara mayor. Una revisión posterior de la ejecución presupuestaria calculó que, en los diez presupuestos administrados por Fernández a lo largo de sus tres gobiernos, la educación recibió en promedio apenas 1.86 % del PIB.[6] La obligación legal nació durante su primer período y no se convirtió entonces en prioridad fiscal cumplida.

El sector eléctrico ofrece la misma contradicción. La capitalización y reestructuración avanzó en los años noventa y contó con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo,[12] pero la reforma no aseguró un servicio continuo ni empresas distribuidoras financieramente viables. Que en 2001 el Estado tuviera que organizar nuevos programas para enfrentar apagones y subsidios confirma que la administración de 1996 a 2000 dejó el problema en transición, no resuelto.

El crecimiento de los años noventa fue real. Sin embargo, el Banco Mundial describió después el patrón dominicano como crecimiento con débil reducción de pobreza y desigualdad persistente.[4] La mortalidad infantil y la desigualdad social seguían altas, mientras la expansión urbana avanzaba con servicios, drenaje, vivienda y transporte por debajo de la velocidad del crecimiento. La primera salida de Fernández dejó un Estado más conectado con la economía global, pero todavía incapaz de convertir todo ese dinamismo en servicios públicos equivalentes.

Leonel Fernández en 2012

Doce años después, el balance fue más contundente porque existían más recursos, más tiempo y una estructura estatal más amplia. El punto de cierre fue el desequilibrio fiscal. El Fondo Monetario Internacional estimó que el déficit consolidado del sector público alcanzó 8.5 % del PIB en 2012; el gasto primario había aumentado cerca de 40 %, la deuda pública rondaba 45 % del PIB frente a 35 % en 2007 y 2008, el déficit de cuenta corriente se acercaba a 7 % y las reservas cubrían aproximadamente dos meses de importaciones.[1][2] La discusión nacional habló de un faltante cercano a RD$187,000 millones y Fernández defendió su ejecución atribuyéndola a menor recaudación, recapitalización del Banco Central, subsidio eléctrico e infraestructura.[3] La explicación puede discutirse; el desequilibrio entregado a su sucesor no.

La electricidad volvió a aparecer dentro del déficit. El propio Fernández calculó que el faltante de la CDEEE previsto en US$270 millones podía terminar en US$1,270 millones en 2012.[3] El FMI pidió un programa integral para mejorar tarifas, estabilidad del suministro, eficiencia de las distribuidoras y focalización de subsidios.[1] Después de ocho años consecutivos de gobierno, el país seguía financiando pérdidas, padeciendo apagones y posponiendo la reforma que debía cerrar el ciclo iniciado en los noventa.

La educación también llegó a 2012 convertida en protesta social. El reclamo del 4 % no surgió porque faltara una ley, sino porque el gobierno no la cumplía. La presión pública obligó a que el presupuesto de 2013, ya bajo Medina, consignara la meta. Fernández dejó universidades, escuelas e iniciativas tecnológicas, pero no dejó resuelta la financiación legal ni la calidad del aprendizaje.

El crecimiento tampoco había reparado el mercado laboral. El diagnóstico del Banco Mundial mostró que la participación del empleo asalariado en 2016 era prácticamente la misma que en 1995; cerca de la mitad de los puestos seguían en el sector informal, y el salario real promedio cayó 10 % entre 2000 y 2014 antes de recuperarse parcialmente.[5] Esta evidencia posterior retrata el resultado de una estructura productiva que crecía sin crear suficientes empleos formales y bien pagados.

En el terreno institucional, la discusión pública acumuló controversias sobre contratos, deuda, compras y supervisión del Congreso. No corresponde convertir cada denuncia en condena ni atribuir culpabilidad penal sin sentencia. Sí corresponde señalar que los mecanismos de control no produjeron confianza suficiente. El tamaño del déficit revelado tras las elecciones y la diferencia entre partidas aprobadas y gasto ejecutado alimentaron una crítica legítima sobre transparencia presupuestaria.[1]

Danilo Medina en 2020

Medina recibió esos pasivos y tuvo ocho años para responder. Sus gobiernos registraron avances sociales que deben contarse: reducción de pobreza antes de la pandemia, expansión de la jornada escolar extendida, construcción de aulas, aumento de afiliados al seguro de salud, creación y expansión del 911 y puesta en servicio de nueva generación eléctrica. Su discurso final enumeró esas obras y programas.[25] El problema es que varias políticas ampliaron la cobertura sin asegurar la calidad, la sostenibilidad o la reforma institucional que debía acompañarlas.

Educación con más presupuesto y poco aprendizaje

Medina asumió el 4 % como emblema. Sin embargo, la ejecución efectiva quedó por debajo de 4 % del PIB entre 2013 y 2019; solo en 2020 lo superó, influida por la contracción extraordinaria del producto durante la pandemia.[6] Las aulas y la tanda extendida cambiaron la vida cotidiana de muchas familias, pero las evaluaciones internacionales colocaron al país entre los desempeños más bajos en lectura, matemática y ciencias. El dinero corrigió una deuda histórica de acceso e infraestructura. No resolvió la calidad docente, la gestión escolar ni el aprendizaje.

Salud con cobertura y resultados frágiles

La afiliación al Seguro Familiar de Salud se acercaba al 95 % al terminar 2020, un avance importante. A la vez, UNICEF observó que los indicadores maternos e infantiles no mejoraron en la misma proporción y que el primer nivel de atención, concebido por la ley como puerta de entrada al sistema, seguía sin implementarse plenamente.[9] En 2013, 2014 y 2015 se registraron 179, 193 y 189 muertes maternas, respectivamente, mientras hospitales permanecían en reconstrucción y continuaban carencias básicas.[7] Hubo una reducción relevante de mortalidad materna y neonatal en hospitales priorizados en 2019,[8] pero la mejora localizada no equivalía a una reforma nacional concluida.

Electricidad con plantas nuevas y pérdidas antiguas

Punta Catalina aumentó la capacidad de generación y redujo la exposición a combustibles más caros. Aun así, el Pacto Eléctrico no se firmó durante el mandato, las distribuidoras mantuvieron pérdidas elevadas y persistieron conexiones ilegales, mala facturación y circuitos con interrupciones. En 2017, el economista Ernesto Selman resumió el punto incómodo: el documento del pacto tenía amplio consenso, pero no garantizaba por sí solo cambios frente a apagones, tarifas y pérdidas cercanas a un tercio de la energía.[10] Un balance posterior del Banco Mundial estimó que las pérdidas de distribución promediaron US$1,200 millones anuales entre 2017 y 2021.[11] Medina dejó más generación; no dejó resuelto el sistema eléctrico.

Empleo pobreza salarios y deuda

Antes del COVID-19, la pobreza monetaria había bajado y la economía sostuvo tasas de crecimiento altas. Ese resultado merece reconocimiento. Pero la informalidad continuaba cerca de la mitad del empleo, los salarios reales arrastraban años de rezago y el propio mercado mostraba ocupaciones técnicas y operativas que pagaban más por hora fuera de la formalidad que dentro de ella.[5][24] El país produjo más riqueza sin asegurar que la productividad y el salario formal avanzaran juntos.

La deuda pública consolidada pasó de unos US$25,065 millones al cierre de 2012 a US$48,052 millones en abril de 2020, según una comparación publicada por elDinero, equivalente entonces a 52.3 % del PIB.[13] La emergencia sanitaria aceleró el endeudamiento y obliga a evitar una atribución simplista de todo el salto a Medina. Aun antes de la pandemia, el FMI señalaba déficits persistentes asociados a una base tributaria estrecha y al sector eléctrico. El gobierno terminó sin pacto fiscal y con menos espacio financiero para el siguiente.

Corrupción impunidad y confianza institucional

Odebrecht, OMSA y otros expedientes alimentaron la Marcha Verde y presionaron al gobierno para actuar contra la impunidad.[15] La existencia de una denuncia o una imputación no prueba por sí sola la responsabilidad de un presidente. El dato político, sin embargo, es innegable: la administración no consiguió cerrar la brecha de confianza. Transparencia Internacional otorgó a República Dominicana 28 puntos sobre 100 en su Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 y señaló que el país mostraba poca mejoría.[14] El índice mide percepciones de expertos y empresarios; no sustituye a un tribunal. Sí muestra la calidad de la confianza que Danilo Medina dejó al salir.

La suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020 por fallas en el voto automatizado agravó la crisis. Fue un hecho bajo responsabilidad de la Junta Central Electoral, no una prueba de que el Poder Ejecutivo ordenara el fallo. Pero ocurrió al final de un ciclo de poder prolongado y provocó protestas, observación internacional y una campaña de la propia JCE para recuperar credibilidad.[16][17] Un gobierno no controla cada órgano constitucional, pero sí entrega el clima institucional en el que esos órganos operan.

Seguridad policía y cárceles

La tasa de homicidios bajó durante varios años, pero la inseguridad ciudadana siguió entre las principales preocupaciones. Las denuncias recurrentes sobre corrupción policial y muertes presentadas como intercambios de disparos mostraban una reforma policial incompleta. Reducir homicidios es un logro; consolidar una policía profesional, investigativa y sometida a controles era la tarea pendiente.

El sistema penitenciario ofrece una imagen más concreta. Medina inauguró en agosto de 2020 la primera fase de la Nueva Victoria, pero las autoridades siguientes recibieron 26,236 privados de libertad en recintos con capacidad para 14,219: un hacinamiento de 84.5 %.[18] La vieja Victoria alojaba más de 7,000 personas en una instalación diseñada para poco más de 2,000. Dos años después, ningún interno había sido trasladado al nuevo complejo, que seguía sin terminar y con carencias de agua y electricidad.[19] La cinta se cortó; el problema quedó dentro de la cárcel vieja.

Vivienda agua ciudad y transporte

Al terminar el período, el déficit habitacional se estimaba por encima de un millón de viviendas entre carencias cuantitativas y cualitativas. La pandemia hizo visible el costo sanitario del hacinamiento, la falta de agua continua y los materiales precarios.[20] En las ciudades, el crecimiento sin ordenamiento suficiente dejó drenaje deficiente, ocupación de zonas vulnerables, congestión y transporte fragmentado. El Banco Mundial describió después la vulnerabilidad acumulada por expansión urbana no planificada, degradación ambiental y débil aplicación de normas de construcción y uso de suelo.[21] Metro, teleférico y corredores mejoraron trayectos específicos, pero no constituyeron una solución nacional de movilidad ni seguridad vial.

Mujeres adolescencia y niñez

La República Dominicana seguía entre los países de la región con mayor incidencia de uniones tempranas. La encuesta de 2014 indicó que 36 % de las mujeres de 20 a 24 años se había casado o unido antes de los 18 años y 12 % antes de los 15.[22] El gobierno, Prosoli y UNICEF impulsaron en 2019 la prohibición del matrimonio infantil,[23] pero la reforma legal no se aprobó hasta después de la salida de Medina. La acción iniciada merece crédito; la deuda al corte de agosto de 2020 también debe quedar registrada.

Los titulares que dejaron constancia

Estos titulares y documentos no prueban por sí solos toda la tesis. Sí fijan la fecha y muestran que los problemas seguían en la agenda pública alrededor de cada salida presidencial.

La responsabilidad de quienes quieren volver

Un partido que gobernó veinte años no pierde el derecho a proponer. Pierde el derecho a presentarse como inocente de la situación que ayudó a producir. Fernández y Medina deberían comenzar cualquier nueva oferta con un inventario verificable: qué prometieron, cuánto gastaron, qué resultado obtuvieron, qué quedó pendiente y por qué ahora sí podrían lograrlo.

La experiencia puede ser una credencial, pero también es una auditoría. Quien ya tuvo el presupuesto, el Congreso, los ministerios y el tiempo carga una obligación mayor que quien nunca gobernó. No basta con identificar el apagón, la escuela que no enseña, el hospital que no previene, el empleo que no paga o el expediente que no concluye. Debe explicar por qué esos problemas sobrevivieron a sus mandatos.

La oposición tiene el deber de ofrecer soluciones y el oficialismo tiene el deber de rendir cuentas. Ambos deberes pueden coexistir. Lo que no debe aceptar la ciudadanía es la amnesia como estrategia electoral. Las obras cuentan. Los programas cuentan. También cuentan el déficit de 2012, el 4 % incompleto, las pérdidas eléctricas, la informalidad, la mortalidad evitable, la percepción de impunidad, la suspensión electoral, el hacinamiento y la reforma policial pendiente.

Por eso, la pregunta correcta no es si Leonel Fernández o Danilo Medina pueden hablar de los problemas nacionales. Claro que pueden. La pregunta es con qué autoridad prometen resolver mañana lo que, al dejar el Palacio Nacional, todavía aparecía en los informes y en los titulares. Esa respuesta no se construye con nostalgia ni con discursos. Se construye con resultados, plazos, financiación y responsabilidad política.