Por: Junior Henríquez
En cada elección municipal, miles de ciudadanos acuden a las urnas para escoger a un alcalde y a los regidores que integrarán el Concejo de Regidores. Pero, después de las elecciones, surge una pregunta que merece una reflexión profunda: ¿para qué votamos por los regidores y qué hacen realmente por el pueblo que los eligió?
Un regidor no es elegido para levantar la mano y aprobar todo lo que propone el alcalde. Tampoco para ocupar una silla, cobrar un salario, asistir a reuniones o aparecer en fotografías durante las actividades municipales. Su responsabilidad va mucho más allá: representar a los ciudadanos, aprobar normas municipales, conocer los presupuestos y ejercer una verdadera labor de fiscalización.
El alcalde administra, pero el Concejo de Regidores tiene la responsabilidad de supervisar, deliberar y exigir explicaciones sobre las decisiones que comprometen los recursos y el futuro del municipio.
¿Quién vigila las contrataciones, las compras, los alquileres de equipos, las obras municipales, los permisos de uso de suelo y el destino de los millones de pesos que ingresan a los ayuntamientos? ¿Quién pregunta cuánto se recaudó, cuánto se gastó, a quién se pagó y qué beneficios recibió la comunidad?
Estas preguntas no deberían responderlas únicamente los periodistas o los ciudadanos que solicitan información pública. Los regidores también tienen responsabilidades institucionales de control y fiscalización.
Y aquí aparece una preocupación que merece atención: las denuncias y percepciones ciudadanas sobre posibles dádivas, privilegios y favores que algunos funcionarios municipales podrían recibir a cambio de guardar silencio o evitar cuestionamientos. Son señalamientos que deben investigarse y documentarse, sin convertir sospechas en hechos probados.
Un regidor debe poder fiscalizar al alcalde aunque pertenezcan al mismo partido político. La lealtad partidaria no sustituye la responsabilidad institucional ni el compromiso asumido con los electores.
También es justo reconocer que hay regidores que presentan iniciativas, participan en comisiones, solicitan información y realizan labores comunitarias. Sin embargo, para determinar quiénes cumplen realmente con sus funciones es necesario conocer sus actuaciones, propuestas, votaciones y resultados.
La ciudadanía tiene derecho a saber cuántos proyectos ha presentado cada regidor, cuántas sesiones ha celebrado el Concejo, quiénes asistieron, qué decisiones aprobaron y cuáles fueron sus posiciones frente a asuntos que afectan directamente al municipio.
Los regidores no están para servir de decoración en los ayuntamientos. Están para representar al pueblo y ejercer las atribuciones que les otorga la ley.
Es momento de que los concejos municipales publiquen sus actas, expliquen sus decisiones y faciliten el acceso a la información sobre su trabajo. También corresponde a los ciudadanos exigir cuentas, asistir a las sesiones públicas cuando proceda y dar seguimiento a las decisiones municipales.
Porque la democracia municipal no termina cuando se cuentan los votos. Continúa cada día, cuando los representantes electos deben explicar qué han hecho con la confianza que recibieron.
Y es mentira que el pueblo solo necesita regidores cada cuatro años, cuando llega el momento de votar. El pueblo necesita representación, transparencia y fiscalización durante todo el período para el cual fueron elegidos.
La pregunta queda abierta para cada municipio de la República Dominicana: ¿qué han hecho tus regidores por tu comunidad desde que asumieron sus funciones?
