SANTO DOMINGO.– El postulante a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Yobany Antonio Mercado Rodríguez, consideró que la extinción de procesos penales por vencimiento del plazo máximo de duración debe analizarse tomando en cuenta la actuación de todos los actores que intervienen en el proceso y no atribuirse automáticamente a los jueces.
Durante su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Mercado Rodríguez fue cuestionado por el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves Lavandier, sobre la posibilidad de realizar auditorías legales a los procesos que terminan extinguidos y determinar si, cuando exista responsabilidad de los jueces por incumplimiento de los plazos, podrían derivarse consecuencias disciplinarias o civiles.
El magistrado respondió que se trata de una problemática “multifactorial”, debido a que en la duración de un proceso pueden incidir diferentes actores y circunstancias.
“Como es un tema multifactorial, en donde muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos conocido a nivel de corte procesos que han durado todo el tiempo a nivel de otras instancias”, explicó.
Sostuvo que cuando el plazo ha sido sobrepasado y no existen dilaciones atribuibles a la persona imputada, el juez debe analizar el historial completo del expediente antes de decidir sobre la extinción.
Mercado Rodríguez destacó que el Tribunal Constitucional ha establecido criterios para determinar cómo debe valorarse la participación de cada sujeto procesal en la duración de un caso, mediante un examen de su historial y de las actuaciones realizadas durante el proceso.
En ese sentido, consideró que un juez no debería ser perseguido por disponer una extinción cuando ha actuado dentro del debido proceso y ha cumplido con su obligación de proteger las garantías de la persona imputada.
“Creo que en modo alguno un juez puede ser pasible de ser perseguido si ha obrado en el marco, precisamente, del debido proceso”, afirmó.
No obstante, sostuvo que los jueces tienen la responsabilidad de asumir un papel activo en el manejo de los expedientes y procurar que los casos sean conocidos de manera rápida y expedita.
“Lo correcto es que los jueces se empoderen y todos tengamos, precisamente, la disposición de trabajar los casos de manera rápida, expedita, de tal suerte que haya una respuesta a los usuarios del servicio”, manifestó.
Considera preparados a los jueces para el nuevo Código Penal
Al ser consultado por la magistrada de la Suprema Corte de Justicia Nancy Salcedo Fernández sobre la capacidad de los jueces penales para aplicar el nuevo Código Penal y enfrentar los cambios que plantea, Mercado Rodríguez afirmó que los integrantes de la judicatura están preparados para asumir ese reto.
Atribuyó parte de esa preparación al trabajo desarrollado por la Escuela Nacional de la Judicatura, que, según señaló, ha realizado jornadas de capacitación y formación dirigidas a los jueces ante la entrada en vigencia de las nuevas normas.
“La Escuela de la Judicatura ha cometido un rol extraordinario. Tengo públicamente que felicitarla”, expresó.
El postulante consideró que el nuevo Código Penal representa un cambio de paradigma frente al marco anterior, que calificó de obsoleto y anacrónico frente a determinados fenómenos sociales.
Entre las nuevas figuras que resaltó mencionó el sicariato, además de otras conductas que, según explicó, anteriormente no contaban con una tipificación específica.
“Ahora con esa herramienta tenemos precisamente material para afrontar esos grandes retos”, sostuvo.
También señaló que el nuevo Código Procesal Penal introduce cambios importantes en materia de plazos, especialmente para los procesos considerados complejos, tanto respecto de la prisión preventiva y la investigación como de la deliberación y emisión de sentencias.
A su entender, estas modificaciones procuran ofrecer herramientas para responder a una criminalidad que avanza con rapidez, sin dejar de garantizar las reglas del debido proceso.
Asimismo, destacó que el nuevo régimen amplía el alcance de la acción de hábeas corpus, al permitir que determinadas decisiones puedan llegar al Tribunal Constitucional, lo que consideró coherente con el carácter constitucional de esa garantía.
Una carrera judicial iniciada en 1998
Yobany Antonio Mercado Rodríguez es oriundo de Montecristi y egresado de la Universidad Central del Este.
Ingresó a la judicatura el 11 de febrero de 1998 como juez de instrucción. Posteriormente, con la implementación del Código Procesal Penal, continuó desempeñándose en esa función.
Un año después fue promovido a la Cámara Penal del Distrito Judicial de Montecristi en atribuciones unipersonales y, entre 2005 y 2006, fue trasladado al Departamento Judicial de Santiago, donde pasó a formar parte de la Tercera Sala de la Cámara Penal.
Posteriormente fue promovido a la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, donde actualmente ejerce como juez de la Segunda Sala.
Durante su trayectoria ha acumulado experiencia en materia penal y ha escrito el libro El juicio penal, abordado desde la perspectiva constitucional, además de artículos publicados en medios de comunicación y plataformas digitales.
Al explicar su aspiración a integrar la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que llegar al máximo tribunal representa el objetivo de un juez de carrera y afirmó que su experiencia acumulada durante décadas respalda su postulación.
