SANTO DOMINGO.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió este miércoles la medida de coerción que cumplía el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de solicitar y recibir un presunto soborno de US$10,000 de una persona vinculada a una investigación por corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El juez Raymundo Mejía impuso a Valdez Alcántara una garantía económica de RD$1 millón, bajo la modalidad de contrato con una compañía aseguradora, y ordenó su envío a juicio de fondo.
Como parte de las nuevas medidas, el magistrado también dispuso presentación periódica e impedimento de salida del país.
Valdez Alcántara cumplía 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El exfiscal es acusado por el Ministerio Público de haber solicitado y recibido dinero a cambio de supuestamente favorecer a una persona vinculada a una investigación por corrupción en el Seguro Nacional de Salud.
Según la acusación, las autoridades coordinaron una entrega controlada de US$10,000, realizada el 27 de marzo de 2026. El Ministerio Público sostiene que, tras recibir el dinero, Valdez Alcántara fue arrestado en flagrante delito.
Con la decisión adoptada este miércoles, el proceso continuará en la etapa de juicio de fondo, donde serán conocidas las pruebas admitidas y los argumentos de las partes.
Valdez Alcántara fue sometido a la justicia y en mayo se le impuso una medida de coerción consistente en prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La medida fue ratificada en julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Tras el envío a juicio, el fiscal Eduardo Velázquez aseguró que las pruebas del Ministerio Público son sólidas y que demostrarán la responsabilidad del imputado.
“ Lo más importante es que el juez consideró el caso como un hecho grave”, enfatizó Velázquez.
Mientras que la defensa del exfiscal consideró que la prisión preventiva que cumplía su cliente “era innecesaria desde el primer día”.
Aurelio Valdez Alcántara renunció a su cargo de fiscal, lo que provocó de manera automática la pérdida de su privilegio de jurisdicción (inmunidad parlamentaria o fuero especial), permitiendo que sea procesado por la justicia ordinaria.
Ahora deberá en el juicio de fondo demostrar su inocencia sobre los hechos en su contra, entre ellos lavado de activos vinculados a fondos de origen ilícito.
Ministerio Público establece en la acusación que Valdez Alcántara incurrió en conducta típica a las disposiciones de los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano y los artículos 2, numeral 11, literales k, n y o; 3, 4 y 9 numerales 1, 15 y 16 de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
