El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel dictó medidas de coerción contra un hombre señalado por la tala de 1,000 árboles de distintas especies, entre otros daños ambientales, en el municipio de Piedra Blanca.
El citado tribunal impuso impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación periódica a Pedro Alexis Henríquez López (Alex Turey), en el marco de un proceso judicial iniciado a partir de una querella presentada por el Ministerio de Medio Ambiente.
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A través de un comunicado, la institución informó que las inspecciones técnicas realizadas por Medio Ambiente documentaron la tala indiscriminada de aproximadamente 1,000 árboles de distintas especies, la intervención de alrededor de 400 tareas de terreno, la apertura ilegal de dos caminos privados, así como áreas afectadas por quemas y por la eliminación del sotobosque.
Ante la magnitud de las afectaciones identificadas, el Ministerio recopiló las evidencias correspondientes y, el 13 de agosto de 2025, presentó una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales contra Henríquez López, por presuntas violaciones a la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales núm. 64-00 y a la Ley Sectorial Forestal núm. 57-18.
Como parte del proceso judicial y tras evaluar los elementos de prueba aportados, el tribunal impuso las medidas de coerción previstas en los numerales 2 y 4 del artículo 230 del Código Procesal Penal.
El imputado deberá presentarse ante el Ministerio Público y la Secretaría del Despacho Judicial Penal de Monseñor Nouel el día seis de cada mes, conforme al mecanismo de control y seguimiento dispuesto por el tribunal.
Medio Ambiente destacó que la protección de la naturaleza y de los recursos naturales constituye una prioridad de su gestión, por lo que continuará fortaleciendo la vigilancia, la fiscalización y las acciones legales frente a cualquier intervención que pueda comprometer el patrimonio ambiental del país.
La institución reiteró que nadie está por encima de la legislación ambiental ni puede atentar contra los recursos naturales sin que el Estado actúe dentro del marco de sus competencias.
Agregó que, en aquellos casos en los que las inspecciones y las evidencias técnicas indiquen posibles violaciones de la ley, Medio Ambiente ejercerá las acciones administrativas y legales correspondientes y pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.
