Santo Domingo.- Tecnología e inteligencia artificial, independencia judicial, acceso a la justicia, productividad, reformas legales, violencia de género y calidad de las sentencias fueron algunos de los temas defendidos por los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para determinar si continuarán en sus cargos.
Los magistrados Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Fran Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico expusieron durante sus entrevistas sus criterios sobre distintos desafíos que enfrenta el sistema judicial dominicano.
Aunque todos fueron sometidos al mismo proceso de evaluación, sus intervenciones dejaron planteamientos diferentes sobre el funcionamiento y futuro de la justicia.
Justiniano Montero: tecnología sí, pero la IA no puede sustituir al juez
Justiniano Montero Montero, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, colocó la transformación tecnológica entre los principales temas de su comparecencia.
El magistrado defendió la utilización de herramientas tecnológicas para aumentar la eficiencia del sistema judicial, pero estableció límites frente al avance de la inteligencia artificial (IA).
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“La tecnología no puede sustituir la función del juez”, sostuvo Montero, al advertir sobre el riesgo de que herramientas de inteligencia artificial produzcan información falsa presentada con apariencia de certeza.
Su posición también se extiende al terreno de la ética judicial. Montero ha planteado la necesidad de actualizar los instrumentos que regulan esta materia frente a las transformaciones tecnológicas y sociales.
Francisco Jerez advierte sobre los “juicios paralelos”
La independencia de los tribunales frente a la presión mediática estuvo entre los principales planteamientos de Francisco Jerez Mena.
El magistrado advirtió sobre la realización de los denominados “juicios paralelos” a través de los medios de comunicación y la opinión pública, especialmente en casos de elevada exposición.
Jerez planteó que este fenómeno puede generar tensiones entre la publicidad de los procesos judiciales, el derecho al honor y las garantías vinculadas al debido proceso.
También abordó las dificultades probatorias que enfrentan los tribunales en expedientes complejos, entre ellos los relacionados con lavado de activos.
Jerez Mena forma parte de la Suprema Corte desde 2011 y ha desempeñado funciones de dirección dentro de la jurisdicción penal.
Vanessa Acosta pone el foco en ciudadanos que no pueden pagar abogados
Vanessa Acosta Peralta centró parte de su evaluación en el acceso efectivo a la justicia, particularmente para las personas que carecen de recursos económicos para contratar representación legal.
La magistrada alertó sobre vacíos existentes en normas procesales civiles que podrían colocar a ciudadanos en situaciones de indefensión.
Entre los casos señalados se encuentran procesos que pueden terminar en embargos de bienes o cuentas bancarias.
Acosta planteó la necesidad de actualizar determinadas disposiciones para garantizar una protección efectiva de los derechos y mayores condiciones de igualdad entre las partes.
Samuel Arias destaca más de 27,000 decisiones en siete años
La productividad y la transformación digital fueron dos de los ejes defendidos por Samuel Arias Arzeno.
El magistrado afirmó que la Primera Sala ha emitido más de 27,000 decisiones durante siete años y que participó como ponente en más de 5,000, alrededor del 20 % del total reportado.
También sostuvo que la sala registra tasas de resolución superiores al 98 %, excluyendo los períodos afectados por la pandemia.
Arias destacó además el uso de plataformas digitales para agilizar procedimientos internos del Poder Judicial, incluidos mecanismos vinculados a denuncias éticas contra jueces y servidores judiciales.
Su intervención presentó la digitalización, la medición de resultados y la productividad como herramientas para avanzar hacia una justicia más eficiente.
Alejandro Bello propone cambios a la Ley 108-05
Alejandro Bello Ferreras llevó ante el CNM un planteamiento relacionado con el funcionamiento de la jurisdicción inmobiliaria.
El magistrado propuso modificar la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario, al considerar que la legislación necesita ser ampliada frente a la complejidad que ha alcanzado el sistema inmobiliario.
Entre sus propuestas figura que los deslindes en los que no exista conflicto entre las partes puedan tramitarse por la vía administrativa, en lugar de llegar a los tribunales.
La medida, según su planteamiento, contribuiría a reducir la cantidad de asuntos judicializados innecesariamente y descongestionar los tribunales.
Bello Ferreras también señaló que los reglamentos vinculados a esta materia han tenido que ser modificados en varias ocasiones para cubrir vacíos de la legislación.
Fran Soto aborda el control sobre las mujeres como violencia de género
La violencia de género ocupó un espacio central durante la evaluación del magistrado Fran Soto Sánchez, integrante de la Segunda Sala de la Suprema Corte.
Soto sostuvo que impedir que una mujer salga de su vivienda, exigirle permiso para hacerlo, controlar sus movimientos o determinar por dónde puede transitar pueden constituir manifestaciones de violencia de género.
Explicó que uno de los elementos fundamentales para determinar este tipo de violencia es la existencia de una conducta discriminatoria basada en el género dentro de una relación desigual de poder.
Durante su comparecencia también se refirió a la elevada carga de procesos por violencia de género, homicidios y violaciones que reciben los tribunales dominicanos.
Soto Sánchez cuenta además con trayectoria académica y experiencia docente.
Vásquez Goico: la justicia no puede medirse solo por cantidad
Rafael Vásquez Goico, magistrado de la Tercera Sala, defendió un enfoque diferente sobre uno de los principales indicadores utilizados para evaluar el desempeño judicial: la productividad.
Vásquez Goico planteó que la eficiencia de un juez no debe determinarse exclusivamente por el número de decisiones que produce.
A su juicio, una elevada cantidad de sentencias pierde valor cuando estas no cuentan con una fundamentación jurídica suficiente, debido al impacto que una decisión deficientemente motivada puede tener sobre el Estado de derecho.
Durante la jornada se indicó que Vásquez Goico ha intervenido en 6,114 de las 14,800 decisiones contabilizadas en la Tercera Sala, equivalente a aproximadamente el 42 %.
El magistrado llegó a la Suprema Corte en 2019, luego de ocupar la presidencia del Tribunal Superior Administrativo, y posee experiencia en derecho laboral, constitucional, administrativo y procesal.
Siete perfiles ante una decisión clave del CNM
Los planteamientos de los siete magistrados muestran diferentes prioridades sobre los desafíos que enfrenta la justicia dominicana: desde la incorporación responsable de la inteligencia artificial hasta la necesidad de garantizar independencia frente a la presión pública, mejorar el acceso a los tribunales, reformar legislaciones y elevar la calidad de las sentencias.
Ahora corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura decidir cuáles de estos siete jueces serán ratificados para continuar en la Suprema Corte de Justicia.
La determinación también tendrá consecuencias sobre el número de vacantes que deberá cubrir el CNM en la siguiente etapa del proceso.
