SANTO DOMINGO.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó este jueves que el país registra 62 feminicidios en los primeros meses de este año 2026, destacando que es una cifra que evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y enfrentar “esa cultura machista”.
Reynoso ofreció la información durante el Encuentro Industrial sobre el Nuevo Código Penal, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), donde abordó las principales novedades de la nueva legislación y su impacto en la seguridad jurídica y la competitividad.
Explicó que detrás de cada feminicidio quedan niños, niñas y adolescentes sin padre o madre, mientras resaltó que existe un dato que considera especialmente revelador: el 25 % de los feminicidas se suicida después de cometer el crimen.
La procuradora relacionó esta cifra con otro indicador: el 89 % de las mujeres asesinadas nunca había denunciado previamente situaciones de violencia.
“Tomamos esas dos variables y llegamos a una sola conclusión: hay que trabajar la prevención, hay que desmontar una cultura machista”, sostuvo Reynoso.
La titular del Ministerio Público afirmó que esta conclusión no responde a un discurso político o ideológico, sino a los datos sobre la realidad de la violencia contra las mujeres en República Dominicana.
Recordó además que durante 2025 fueron recibidas 73,000 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y sexual, cifra que, según comunicó, evidencia la magnitud del problema que enfrenta el país.
Homicidio agravado
Durante su exposición sobre el nuevo Código Penal, Reynoso destacó que la legislación amplió considerablemente los supuestos en los que un homicidio puede ser considerado agravado.
Explicó que el homicidio agravado contempla penas de 30 a 40 años, mientras que el homicidio simple establece una pena de 5 a 20 años.
Entre las circunstancias que pueden agravar el homicidio mencionó que la víctima sea un niño, niña o adolescente; ascendiente, descendiente o pariente colateral; o una persona vulnerable por su edad, enfermedad o discapacidad.
También señaló como agravante que el crimen sea cometido contra una persona por razón del ejercicio de sus funciones, así como contra testigos, querellantes, actores civiles o abogados postulantes, cuando el hecho esté relacionado con un caso.
Reynoso sostuvo que estas disposiciones buscan adecuar la legislación dominicana a los estándares internacionales actuales del derecho penal.
Conflictividad social
La procuradora también alertó sobre el impacto de los conflictos sociales en la criminalidad del país.
Indicó que seis de cada diez homicidios registrados en República Dominicana estarían relacionados con conflictos sociales, mientras que durante 2025 se recibieron más de 26,000 denuncias de amenazas de muerte.
Explicó que muchos de estos hechos se originan en situaciones cotidianas, como disputas por estacionamientos, accidentes de tránsito, diferencias entre vecinos o discusiones mientras las personas consumen bebidas alcohólicas.
“La mayoría de la sociedad resuelve estos conflictos con una conversación y aquí se están llevando hasta el delito más grave, que es el homicidio”, advirtió.
Violación en el matrimonio
Reynoso también se refirió a la controversia generada por la tipificación de la violación dentro del matrimonio, y afirmó que esta figura no constituye una novedad del nuevo Código Penal.
Recordó que el artículo 332 del Código Penal vigente ya contemplaba este delito y explicó que su incorporación estuvo relacionada con los compromisos asumidos por República Dominicana al firmar en 1992 la Convención de Belém do Pará.
“La familia no se puede construir sobre la base de una violación; eso es no respetar los derechos”, expresó.
Nuevos delitos
Entre las nuevas figuras penales destacadas por la procuradora se encuentra la violación de una orden de protección, que pasa a constituir un delito autónomo.
Asimismo, señaló que la creación de videos falsos con fines ilícitos mediante inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas tendrá consecuencias penales bajo el nuevo marco jurídico.
Reynoso también resaltó la incorporación de la difamación extorsiva, que, según explicó, sanciona las campañas de difamación utilizadas como mecanismo de presión para obtener algún beneficio, como contratos, publicidad o intereses vinculados a licitaciones.
Informó que este delito contempla penas de cuatro a 10 años de prisión y sostuvo que su tipificación busca combatir prácticas de extorsión que afectan el desarrollo de la sociedad.
“Una sociedad que quiere avanzar y desarrollarse no puede tener una industria de extorsión”, afirmó.
