SANTO DOMINGO.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a dos mujeres imputadas por su presunta vinculación con una red de tráfico y trata de menores de edad desde República Dominicana hacia las islas de Tórtola y Dominica, mediante la presunta suplantación de identidad. Una tercera imputada recibió medidas de coerción menos severas.
Las imputadas Adolfina Paula Pimentel y Cristian del Carmen Rosario Rodríguez deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal. En tanto, Yaribel Cristina Esquea deberá pagar una garantía económica de RD$50,000 a través de una compañía aseguradora y presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
El tribunal también declaró el caso de tramitación compleja, a solicitud del órgano persecutor.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, hasta el momento han sido identificadas tres víctimas adolescentes, de 14 y 16 años, quienes permanecen bajo el cuidado y la protección de las autoridades.
La investigación está a cargo de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Fiscalía de Santo Domingo Este, la unidad especializada en esa materia y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional.
La instancia judicial establece que el 8 de octubre de 2026, Adolfina Paula Pimentel se presentó en el área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas junto a dos adolescentes, con la intención de abordar un vuelo hacia Tórtola y posteriormente viajar a Dominica.
Durante la inspección, un inspector migratorio detectó que uno de los tres permisos de salida presentados era falso, por lo que trasladó a Pimentel y a las adolescentes a la sala de investigación migratoria.
Según el expediente, las autoridades advirtieron que las menores solo se comunicaban en creole, pese a que los pasaportes que portaban las identificaban como dominicanas. Al ser cuestionada, Pimentel afirmó que no las conocía y que otras personas se las habían entregado en la terminal aeroportuaria, por lo que fue arrestada en flagrante delito.
Las investigaciones también permitieron obtener una certificación de la Dirección General de Pasaportes que establece que los documentos utilizados por las adolescentes fueron emitidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026, mediante registros de nacimiento correspondientes a menores dominicanas, hijas de padres residentes en Villa Mella, Santo Domingo Norte.
En cuanto a Esquea, el Ministerio Público sostiene que esta habría aceptado una oferta económica para facilitar los datos de sus hijas, que serían utilizados para hacer pasar a otras menores como si fueran sus descendientes y obtener pasaportes para sacarlas del país. Asimismo, el expediente señala que Rosario Rodríguez le ofreció dinero para facilitar la salida de una de las víctimas.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, presentó la solicitud de medidas de coerción junto a otros representantes del Ministerio Público. Las medidas fueron impuestas por el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.
