Este lunes entra en vigencia la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal de la República Dominicana, poniendo fin a un extenso proceso legislativo marcado por intensos debates, protestas ciudadanas y modificaciones impulsadas por distintos sectores de la sociedad.
La nueva legislación comienza a aplicarse una vez concluido el período de vacatio legis, incorporando nuevas figuras delictivas y endureciendo las sanciones para diversos crímenes.
Entre las principales novedades se encuentra el aumento de la pena máxima de prisión a 40 años, que podrá alcanzar hasta 60 años en caso de acumulación de condenas. Además, el Código tipifica delitos como el feminicidio, la violencia intrafamiliar, el sicariato, el terrorismo, la corrupción, la discriminación, los delitos tecnológicos y establece sanciones específicas para quienes cometan ataques con sustancias corrosivas, conocidas como «ácido del diablo».
La aprobación de la normativa estuvo precedida por una ola de manifestaciones durante el mes de julio. Organizaciones sociales, periodistas y ciudadanos protestaron en distintos puntos del país. En especial, en la Plaza de la Bandera, al considerar que algunos artículos atentaban contra la libertad de expresión. Debido a esta razón calificaron el proyecto como una «Ley Mordaza».
A las protestas también se sumaron gremios médicos. Estos advirtieron sobre posibles implicaciones de algunos artículos relacionados con el ejercicio profesional y la atención a los pacientes.
Como resultado de las observaciones presentadas por diversos sectores, el Congreso Nacional introdujo más de 70 modificaciones al texto original. Entre los cambios más relevantes figura la eliminación de penas de prisión por difamación e injuria en el ejercicio periodístico. También la revisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ajustes a las sanciones por perjurio.
Las modificaciones fueron estudiadas por una comisión bicameral y una subcomisión legislativa, luego de que el Poder Ejecutivo remitiera varias propuestas de reforma.
Además, mediante el Decreto 507-26, el Gobierno creó una comisión de seguimiento y socialización del nuevo Código Penal, con el objetivo de supervisar su aplicación, evaluar su impacto y proponer futuras mejoras si fueran necesarias.
