La amenaza de un aumento en el precio del pasaje terminó revelando una realidad poco visible dentro del transporte público: el Gobierno logró alinear a prácticamente todo el transporte organizado en torno a una misma decisión, mientras concentra la fiscalización sobre un reducido grupo de rutas que decidió apartarse del consenso.
Durante una reunión celebrada a principio de esta semana, en la sede del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Grupo G12 y la Unión Nacional de Empresas de Transporte (UNET) reafirmaron que mantendrán congeladas las tarifas, pese al incremento de los costos operativos y a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.
El presidente de la UNET, Reynaldo Pérez Sánchez (Moreno), aseguró que el 99 % del transporte organizado respalda la decisión de no aumentar el pasaje y sostuvo que los usuarios no deben asumir el impacto económico que enfrenta el sector. Argumentó que la estabilidad de las tarifas ha sido posible gracias al diálogo con el Gobierno y a los subsidios que continúan vigentes para el diésel y el Bono Gas Chofer.
Sin embargo, mientras ese compromiso era ratificado, el director del Intrant, Milton Morrison, confirmó que una comisión integrada por inspectores de esa institución, la Digesett, la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Santiago interviene las pocas rutas que sí aplicaron aumentos sin autorización.
Morrison también reveló que algunos de esos transportistas reciben el subsidio estatal del Bono Gas Chofer, por lo que consideró incoherente que desconocieran la decisión adoptada por la mayoría del sector y reiteró que la Ley 63-17 establece que únicamente el Intrant puede autorizar modificaciones en las tarifas del transporte público.
Próximamente iniciará subasta de vehículos chatarra
El encuentro también dejó otro anuncio de impacto para el sector: el Intrant iniciará en los próximos meses la subasta de vehículos chatarra retenidos en los canódromos, un proceso que, según la institución, permanecía paralizado desde hace ocho años y busca sacar definitivamente de circulación unidades que ya no cumplen las condiciones para volver al parque vehicular.
Más allá del compromiso de mantener congelado el pasaje, la jornada evidenció una estrategia gubernamental basada en dos frentes: preservar la estabilidad de las tarifas mediante subsidios y diálogo con la mayoría de los transportistas, y aumentar la fiscalización sobre quienes decidan actuar al margen de las disposiciones oficiales.
