Por: Junior Henríquez | InfoENN – El Nuevo Norte
SANTO DOMINGO.– El nuevo Código Penal de la República Dominicana establece penas de 20 a 30 años de prisión mayor para quienes provoquen de manera intencional incendios en bosques, reservas forestales, nacimientos de ríos, parques nacionales y otras áreas protegidas.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez Dájer, afirmó que el fortalecimiento del marco jurídico permitirá además solicitar medidas de coerción más rigurosas contra personas investigadas por acciones que pongan en riesgo ecosistemas estratégicos, especialmente cuando exista posibilidad de reincidencia o de nuevas afectaciones.
“A partir de este momento ya podemos aplicar medidas de coerción más fuertes que nos permitan, mientras el proceso se desarrolla, tener seguridad de que esta persona no vuelva a cometer estas acciones ni represente una nueva amenaza”, explicó el funcionario durante una entrevista televisiva.
Henríquez indicó que las investigaciones ambientales también buscarán identificar a quienes se encuentran detrás de determinadas actividades ilegales, y no únicamente a las personas que son sorprendidas directamente en el terreno.
Entre las conductas bajo vigilancia mencionó la ocupación y quema de terrenos para actividades agrícolas dentro de zonas protegidas, la producción irregular de carbón y la extracción de materiales de los ríos.
Advierten sobre estructuras detrás de daños ambientales
El ministro puso como ejemplo una investigación realizada recientemente en una zona afectada por incendios, donde inicialmente se pensaba que se trataba de pequeños agricultores dedicados a cultivos de subsistencia.
Sin embargo, aseguró que las indagatorias permitieron establecer que detrás de varios terrenos intervenidos presuntamente operaba una estructura dedicada a actividades agrícolas de mayor escala.
Según explicó, una persona estaría utilizando trabajadores extranjeros para mantener múltiples áreas de cultivo dentro de una zona protegida, mientras las autoridades habían concentrado anteriormente sus actuaciones principalmente sobre quienes eran encontrados trabajando directamente en el lugar.
Henríquez sostuvo que este tipo de situaciones obliga a dirigir las investigaciones hacia quienes organizan, financian o se benefician económicamente de las actividades.
“Una vez tú armas un expediente con esta calificación, te va a permitir perseguir la fuente, que es nuestro interés”, manifestó.
El funcionario informó que las investigaciones contarán con la participación de diferentes organismos estatales, incluyendo el Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia, autoridades migratorias y los cuerpos especializados en protección ambiental, con el propósito de determinar responsabilidades individuales y posibles estructuras organizadas.
Protección de las fuentes de agua
Henríquez insistió en que la importancia de estas medidas radica en que muchos de los incendios y ocupaciones afectan zonas donde nacen ríos fundamentales para el abastecimiento de agua.
Indicó que la destrucción de estos ecosistemas no representa únicamente un problema ambiental, sino una amenaza para las fuentes hídricas, la agricultura y las comunidades que dependen de ellas.
“Estamos hablando de vida que estamos protegiendo”, expresó.
El ministro aseguró que el nuevo enfoque permitirá fortalecer los expedientes, identificar responsables y evitar que personas vinculadas a actividades ambientales ilegales continúen operando mientras los procesos judiciales permanecen abiertos.
Las autoridades sostienen que la nueva estrategia busca diferenciar entre situaciones de subsistencia y actividades organizadas con fines económicos, concentrando las investigaciones en quienes promuevan, financien o mantengan operaciones que provoquen daños relevantes dentro de áreas protegidas y cuencas hidrográficas.
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Ese nuevo material también da para un segundo titular muy potente: “Medio Ambiente irá tras quienes financian y organizan daños en áreas protegidas”.
