SANTO DOMINGO.– El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, sometió ante el Senado de la República un proyecto de ley para la protección y el fomento de la producción nacional de arroz, con el que propone establecer mecanismos legales para fortalecer el sector y contribuir a la seguridad alimentaria.
De acuerdo con un comunicado, la iniciativa fue remitida a la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales del Senado y cuenta con la firma de casi la totalidad de los senadores, según la información suministrada.
El proyecto busca establecer un marco jurídico para impulsar la productividad y competitividad del sector arrocero, preservar la capacidad productiva nacional y priorizar a los pequeños y medianos productores.
Entre sus disposiciones, plantea la creación del Programa Nacional de Competitividad Arrocera, bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura, para ejecutar políticas y medidas dirigidas al desarrollo de la producción nacional.
El programa tendría entre sus objetivos reducir los costos de producción, mejorar la calidad del arroz, fomentar la investigación y la innovación tecnológica, disminuir las pérdidas durante la cosecha, el transporte y el almacenamiento, y promover el uso eficiente del agua y del suelo.
También contempla medidas para facilitar el acceso de los productores al financiamiento, al seguro agropecuario y a los servicios de comercialización.
La propuesta surge en medio de las preocupaciones sobre el futuro del sector arrocero tras la derogación del Decreto núm. 693-24, que establecía medidas arancelarias relacionadas con la protección de la producción nacional frente a las importaciones.
En ese contexto, Romero plantea la necesidad de establecer mecanismos legales que brinden mayor estabilidad al sector y permitan a los productores planificar sus cosechas y mantener sus operaciones.
El proyecto también establece principios relacionados con la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, la transparencia, la libre competencia y la coordinación entre las instituciones públicas.
La iniciativa deberá continuar su trámite legislativo en el Senado de la República.
