La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió que la Junta Central Electoral (JCE) debe ejercer su potestad sancionadora en materia de encuestas dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes, y cuestionó que mediante un reglamento puedan crearse infracciones o sanciones no previstas por el legislador.
Debate sobre sanciones
La posición surge a propósito del procedimiento iniciado por la JCE en relación con la publicación de encuestas electorales, que, según Finjus, plantea un debate que trasciende el caso particular.
La JCE inició un procedimiento administrativo sancionador contra la firma encuestadora ACD Media, S.R.L., al formular un pliego inicial de cargos por la presunta publicación y difusión de encuestas con fines electorales fuera del período legalmente habilitado, en aplicación del reglamento aprobado por el organismo en mayo pasado.
La actuación fue dispuesta por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, luego de que el Pleno de la JCE la apoderara para investigar dos estudios de opinión atribuidos a ACD Media: una encuesta divulgada el 1 de junio y otra el 13 de julio de este año.
Finjus señala que la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, prohíbe publicar y difundir encuestas durante los ocho días anteriores a las votaciones y permite su divulgación fuera de ese período bajo determinadas condiciones.
Sin embargo, el reglamento de la JCE establece una prohibición adicional y contempla sanciones como la suspensión del registro de una firma encuestadora durante seis meses a un año.
Normativa y límites legales
Finjus sostiene que la potestad reglamentaria puede desarrollar las disposiciones legales, pero no debería utilizarse para ampliar una infracción o crear una sanción que el Congreso no haya establecido.
La organización también advierte que cualquier eventual responsabilidad debe ser individualizada. No basta, afirma, con vincular a una persona o entidad con la publicación cuestionada, sino que debe demostrarse su participación concreta.
Finjus reconoce las facultades de la JCE para proteger la transparencia y equidad electoral, pero sostiene que deben ejercerse respetando los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, debido proceso y seguridad jurídica.
- El pronunciamiento está firmado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.
