Por: Junior Henríquez | InfoENN – El Nuevo Norte
Erick Randhiel Mosquea Polanco, de 45 años, señalado por autoridades federales de Estados Unidos como presunto líder de una organización internacional de narcotráfico y lavado de activos con base en República Dominicana, fue extraditado desde Colombia para enfrentar cargos en Puerto Rico y Nueva Jersey.
Mosquea Polanco, también conocido con los alias de “Ramón” y “E”, fue arrestado en Colombia en diciembre de 2024 a solicitud de Estados Unidos y extraditado a Puerto Rico el 26 de agosto de 2026, según informó el Departamento de Justicia estadounidense.
De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito de Nueva Jersey, el imputado enfrenta cargos por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, posesión con intención de distribución de cocaína y conspiración para lavar instrumentos monetarios.
Las autoridades alegan que Mosquea Polanco encabezaba una estructura de narcotráfico radicada en República Dominicana que habría distribuido más de 1,000 kilogramos de cocaína en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares de Estados Unidos entre enero de 2020 y septiembre de 2023.
Los fiscales federales también sostienen que coordinó el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico hacia República Dominicana y otros destinos.
Tras su extradición, Mosquea Polanco compareció ante el magistrado federal Marcos E. López, en Puerto Rico, donde quedó detenido. Posteriormente deberá comparecer ante un tribunal federal en Nueva Jersey.
El fiscal federal Robert Frazer afirmó que el acusado presuntamente dirigía una organización internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero, y que las autoridades no descansaron hasta ubicarlo en Colombia luego de que, según dijo, huyera de República Dominicana usando documentos falsos.
Durante la investigación, las autoridades incautaron decenas de kilogramos de cocaína y más de seis millones de dólares en ganancias atribuidas a la organización.
La DEA identificó a Mosquea Polanco como un objetivo prioritario regional. Su administrador, Terry Cole, aseguró que la red que presuntamente dirigía se extendía por Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.
El caso forma parte de una iniciativa del Homeland Security Task Force, integrada por agencias federales, estatales y locales de Estados Unidos para combatir carteles, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico humano.
En la investigación participaron la DEA, el FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia, entre otras agencias.
Las acusaciones constituyen señalamientos formales y el imputado conserva la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.
