Por: Junior Henríquez | InfoENN – El Nuevo Norte
Santo Domingo.– La propuesta de una ciudadana de habilitar espacios seguros donde las madres puedan entregar de manera anónima a recién nacidos que no puedan criar ha reabierto el debate sobre el abandono de niños en República Dominicana y sobre si el país necesita mecanismos alternativos para evitar tragedias.
La iniciativa surge en momentos en que diversos casos de abandono de recién nacidos han generado indignación y preocupación en la sociedad dominicana. Quienes respaldan la propuesta sostienen que un sistema de este tipo podría preservar la vida de los menores y permitir que posteriormente sean puestos bajo la protección del Estado y de los organismos competentes.
Sin embargo, otros sectores entienden que la medida debe analizarse cuidadosamente para evitar que entre en conflicto con los derechos del niño a conocer su identidad, así como con el sistema de protección establecido en la legislación dominicana.
¿Qué establece la legislación actual?
La protección de niños, niñas y adolescentes en República Dominicana está regulada principalmente por la Ley 136-03, que crea el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, además de las disposiciones penales que sancionan el abandono de menores.
¿Qué cambia con el nuevo Código Penal?
El nuevo Código Penal, promulgado recientemente, mantiene el delito de abandono de niños, niñas y adolescentes, pero reorganiza y precisa su redacción para fortalecer la seguridad jurídica. También conserva las sanciones y establece agravantes cuando el abandono produce lesiones permanentes o la muerte del menor, especialmente si el responsable es el padre, la madre, un tutor, un docente o cualquier persona con deber legal de cuidado.
De acuerdo con la legislación vigente:
• El abandono de un niño, niña o adolescente por quien tenga el deber de cuidado es sancionado con dos a tres años de prisión menor y multa.
• Si el abandono provoca lesiones permanentes o la muerte, las penas aumentan significativamente y pueden alcanzar hasta 30 años de prisión cuando concurren las circunstancias agravantes previstas en la ley.
Un debate que continúa
La propuesta de crear lugares seguros para la entrega voluntaria de recién nacidos —conocidos en otros países como baby boxes o safe haven boxes— no forma parte actualmente de la legislación dominicana.
Mientras algunos consideran que podría salvar vidas y reducir los casos de abandono en condiciones de riesgo, otros plantean que el país debe fortalecer los mecanismos de apoyo social, la atención a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y los procesos legales de protección infantil antes de adoptar un modelo de este tipo.
El debate vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de encontrar soluciones que prioricen la vida, la seguridad y los derechos de los niños, sin dejar de lado la responsabilidad del Estado en la prevención del abandono y la protección integral de la niñez.
