Casarse únicamente para obtener la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como Green Card, puede tener graves consecuencias legales tanto para el ciudadano estadounidense como para el extranjero que busca regularizar su estatus migratorio.
Las autoridades federales consideran fraude matrimonial los casos en los que una pareja contrae matrimonio con el propósito de evadir las leyes migratorias y obtener beneficios que no le corresponderían.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, este delito puede conllevar hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250,000 dólares.
Las sanciones pueden aplicarse a ambas personas cuando participan conscientemente en el fraude, independientemente de que el matrimonio se haya celebrado legalmente. Las consecuencias específicas dependerán de los hechos del caso y de los cargos presentados.
Pérdida de la residencia y posibles deportaciones
Si las autoridades descubren que una persona obtuvo la residencia mediante un matrimonio fraudulento, pueden iniciar un procedimiento para revocar su estatus migratorio y, si corresponde, deportarla de Estados Unidos. Además, el extranjero puede enfrentar restricciones para obtener futuras visas o beneficios migratorios.
La sección 204(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que determinadas peticiones de residencia basadas en vínculos familiares deben ser rechazadas cuando se determina que existió fraude matrimonial. Esta restricción puede aplicarse incluso si la persona contrae posteriormente un matrimonio legítimo con otro ciudadano estadounidense.
¿Cómo detectan las autoridades un matrimonio fraudulento?
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) puede entrevistar a los cónyuges, revisar documentos y comprobar si la relación es auténtica. Entre las pruebas que pueden examinarse figuran las cuentas bancarias conjuntas, los contratos de alquiler, las pólizas de seguro, las fotografías y otros documentos que demuestren una vida en común.
En algunos casos, los funcionarios realizan entrevistas por separado para comparar las respuestas de ambos cónyuges. Sin embargo, vivir separados por motivos laborales, mantener finanzas independientes o no tener hijos en común no demuestra automáticamente que exista fraude. Las autoridades deben evaluar las circunstancias particulares de cada relación.
Casarse por amor no es un delito
- La legislación estadounidense permite que ciudadanos y residentes permanentes soliciten beneficios migratorios para sus cónyuges cuando cumplen los requisitos legales.
- Que una persona desee obtener la residencia a través de su matrimonio no convierte por sí solo la unión en fraudulenta: el punto determinante es si ambos contrajeron matrimonio de buena fe con la intención de construir una vida juntos o si lo hicieron como un acuerdo simulado para engañar a las autoridades.
Por ello, los especialistas recomiendan buscar asesoría de un abogado de inmigración antes de presentar solicitudes cuando existan dudas sobre la situación de la pareja. Proporcionar información veraz y presentar documentación auténtica es fundamental para evitar consecuencias penales y migratorias.
