El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios, con suspensión de la inviolabilidad de domicilio. Además, estableció un toque de queda nocturno entre el 17 y el 30 de septiembre en cuatro provincias de la costa.
La medida abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. Además, el estado de emergencia también alcanza a los municipios de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar, y La Maná, en Cotopaxi.
El decreto ejecutivo entró en vigor el martes y Noboa justificó la decisión por una “grave conmoción interna” atribuida a la actividad de estructuras de crimen organizado. Con la suspensión de la inviolabilidad de domicilio, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán ejecutar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de delito.
El toque de queda regirá entre las 00:00 y las 05:00 en Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí. El Ejecutivo basó la disposición en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía y las Fuerzas Armadas. Esos documentos señalan que los grupos criminales presentes en las zonas incluidas en el decreto “diversifican sus fuentes de financiamiento” a través de distintas economías ilícitas, lo que les permite “mantener una alta capacidad de adaptación” frente a las acciones policiales ordinarias.
“A las organizaciones criminales les decimos algo muy claro: el Estado no se va a detener. No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y sobretodo, no habrá impunidad”, escribió el viernes pasado el ministro del Interior, John Reimberg.
El nuevo toque de queda dispuesto por el Gobierno ecuatoriano será el tercero de 2026, tras una restricción nocturna aplicada en mayo que terminó con 5.023 personas aprehendidas en nueve provincias y parte de Pichincha.
La medida anterior rigió entre el 3 y el 18 de mayo, durante 15 días, con prohibición de circulación desde las 23:00 hasta las 05:00. Alcanzó a Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Sucumbíos y sectores de Pichincha. El Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras entidades estatales, informó que 717 de los aprehendidos, equivalentes al 14,3%, tenían presuntos vínculos con estructuras criminales. Las restantes 4.306 personas, el 85,7% del total, quedaron bajo arresto por incumplir la restricción de movilidad o por otros delitos sin una relación directa con grupos delictivos organizados.
