La administración del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se encuentra presionando a los reguladores del estado para que refuercen las normas propuestas que rigen a las entidades de crédito de “compra ahora, paga después”, alertado de que los ciudadanos con dificultades económicas están usando cada vez más dichos productos para pagar la compra de alimentos, pago del alquiler y la atención médica, lo que obliga a las personas a gestionar numerosos préstamos y endeudarse cada vez más.
El Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP) de la ciudad exige a los reguladores que abarquen particularmente la financiación comercializada para el alquiler y la atención médica, que refuercen las protecciones de reembolso y divulgación y que ofrezcan a la ciudad autoridad paralela para hacer cumplir las nuevas medidas.
Los investigadores de la Reserva Federal valoraron que seis de los principales proveedores de BNPL, entre ellos Klarna, Affirm y Afterparty, dispensaron casi $157 mil millones de dólares en créditos en EE.UU. en 2025, aproximadamente la mitad por medio de planes de “pago en 4”.
La iniciativa de la ciudad surge a la luz de nuevos datos recopilados por medio de sus Centros de Empoderamiento Financiero gratuitos, en donde, de acuerdo con el comisionado Sam Levine, los trabajadores empezaron a percatarse de que los ciudadanos más jóvenes y de pocos recursos acumulan grandes deudas por la modalidad de “compra ahora, paga después”.
El DCWP verificó a 23,135 adultos que tuvieron una interacción con los centros entre junio de 2023 y agosto de 2026, incluyendo 815 que habían usado productos “compre ahora, pague después” y 22,320 que no lo habían hecho.
Gran parte de los usuarios de BNPL están entre los 18 y los 34 años; el 75% de ellos ganaba menos de 57,000 dólares al año, el 30% estaba sin empleo y casi la mitad vivía en El Bronx. Los consumidores de BNPL tenían un ahorro medio de tan solo $600 dólares, en comparación con los $2,800 dólares de los usuarios que no usan BNPL, y una deuda media de unos $11,690 dólares, en comparación con los $8,519 dólares de las personas endeudadas que no habían hecho uso de estos productos.
Levine señaló que los productos de “compra ahora, paga después” se han extendido más allá de las compras de alto costo con las que antes se asociaban, como televisores, refrigeradores y bicicletas.
El DCWP recibió información de neoyorquinos que usan los productos para la compra de alimentos, atención médica y vivienda, informó AM NY.
La ciudad pide detallar recursos para vivienda y gastos médicos
La Legislatura estatal aprobó el año pasado un marco de licencias y supervisión para las entidades de crédito con opción de compra ahora y paga después, dejando al Departamento de Servicios Financieros (DFS) la función de escribir las normas específicas que regirán el funcionamiento del sector en Nueva York.
El DFS propuso de manera formal las mencionadas regulaciones en julio; el plazo para presentar comentarios públicos terminó el 14 de septiembre. Las regulaciones todavía no han entrado en vigencia y el departamento no anunció cuándo tiene previsto publicar la versión final.
Las reglas propuestas limitarían ciertas comisiones, exigirían a los prestamistas que den a conocer si los préstamos se comunicarían a las agencias de crédito, establecerían estándares para la resolución de querellas de los consumidores e impondrían protecciones alrededor de los datos personales de los usuarios.
DCWP aseguró que respalda el marco estatal, pero quiere que algunas de las protecciones se hagan más explícitas.
Una característica importante es la financiación comercializada bajo las marcas “cuida tu salud ahora, paga después” y “alquila ahora, paga después”, que los consumidores pueden usar para cubrir gastos médicos y de vivienda.
La ciudad quiere el poder para hacer cumplir las reglas
La administración de Mamdani está solicitando a Albany que otorgue al DCWP autoridad paralela para hacer cumplir las regulaciones finales junto con el DFS.
Levine destacó que la petición no se debía a la insatisfacción con los reguladores estatales. Su agencia ya colabora de manera directa con el DFS y el fiscal general del estado, aseveró, pero simplemente hay más casos de posible explotación al consumidor de los que una sola agencia puede atender.
“Los neoyorquinos están hartos, y con razón, de que las agencias gubernamentales se peleen por el poder y por los titulares”, apuntó Levine. “Creo que lo que esperan es que las agencias gubernamentales trabajen juntas”.
El DCWP ya tiene autoridad, en virtud de la Ley de Protección al Consumidor, para perseguir prácticas engañosas. Levine aseguró que el departamento cree que podría usar esas facultades contra las empresas de “compre ahora, pague después” incluso sin tener autoridad directa para hacer cumplir con las medidas estatales.
No obstante, afirmó que una aplicación paralela y explica que la ley brindaría a los consumidores otra capa de protección.
