El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto un cerco absoluto a la colaboración y supervisión internacional en Nicaragua. Así lo sostiene Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien advierte que la falta de acceso al país constituye el principal obstáculo para el monitoreo independiente de la situación de derechos humanos.
Brody explica que el Grupo de Expertos no tiene la posibilidad de ingresar a Nicaragua para monitorear avances y apoyar la implementación de reformas, y señala que el régimen no ha respondido a ninguna carta ni permite la entrada de delegaciones internacionales.
Nicaragua se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de casi todos los órganos internacionales de supervisión, consolidando un aislamiento sin precedentes.
La negativa a permitir la supervisión internacional se suma a una serie de reformas institucionales que han debilitado la independencia judicial y restringido gravemente el acceso a la justicia.
Desde octubre de 2023, se ha registrado una purga en el sistema judicial, con la destitución de magistrados, el despido de más de mil trabajadores judiciales y la transformación del Poder Judicial en un órgano coordinado directamente por la Presidencia.
El resultado es un sistema incapaz de ofrecer garantías de independencia o de debido proceso, según Brody.
El experto destaca que no existe en Nicaragua ningún mecanismo interno de rendición de cuentas. El anuncio de que no habrá más elecciones excluye a la oposición y deja sin perspectivas de cambio a las víctimas de represión, desapariciones forzadas y presos políticos. Ante ello, los mecanismos internacionales de rendición de cuentas cobran una importancia fundamental.
La represión también afecta la vida cotidiana de la población. El régimen ha negado pasaportes y restringido la movilidad de ciudadanos percibidos como opositores, ha impedido el acceso a servicios consulares y ha bloqueado el regreso de exiliados mediante notificaciones enviadas a aerolíneas. Aunque la mayoría de la población conserva acceso a servicios básicos, el desplazamiento interno y externo está severamente limitado por el clima de vigilancia y represión.
Brody señala que la comunidad internacional no debe limitarse a ser testigo. Recomienda la adopción de medidas concretas como acciones legales, enjuiciamientos y sanciones selectivas para exigir responsabilidades al régimen y a los perpetradores individuales. En 2025, el Grupo de Expertos identificó a 54 funcionarios del régimen y del Frente Sandinista que podrían haber participado directamente en violaciones y crímenes documentados, solicitando que sean sujetos de medidas económicas y judiciales.
La falta de datos independientes y confiables sobre el apoyo al régimen se debe al clima de miedo y represión que impera en el país. Las últimas encuestas que se conocen muestran altos niveles de desaprobación hacia Ortega, aunque Brody advierte que las condiciones han cambiado y que no existen mediciones sólidas, dado el contexto de represión.
“La encuesta más citada en años recientes, de CID-Gallup, encontró en 2023 que el 61% desaprobaba al Gobierno de Ortega, aunque ese dato tiene ya varios años y las condiciones políticas han cambiado sustancialmente desde entonces”, recordó Brody.
La obstaculización de toda colaboración y supervisión internacional por parte del régimen Ortega-Murillo representa un desafío para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua y refuerza el llamado de expertos y organismos internacionales a la comunidad internacional para mantener la presión y la vigilancia sobre la situación del país.
