Las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas que tengan carácter masivo y público deberán contar con autorización de las autoridades competentes antes de su realización. En cambio, aquellas que no reúnan estas características podrán desarrollarse sin permiso previo, según lo establecido en la disposición gubernamental.
La PNP determinará las zonas prioritarias de intervención a partir de información especializada, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos destinados a identificar los sectores con mayor incidencia delictiva. El propósito es concentrar los recursos disponibles en puntos considerados críticos para la seguridad ciudadana.
Para dirigir estas labores se conformará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la Policía Nacional. El organismo estará integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, gobiernos locales, Ministerio Público, Poder Judicial y otras instituciones vinculadas con la lucha contra el crimen.
Además, funcionarán comités especializados en coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. El grupo dedicado al análisis de información podrá utilizar registros policiales, penitenciarios y financieros, junto con sistemas de videovigilancia, drones, tecnología satelital y herramientas de inteligencia predictiva.
Entre las acciones contempladas figuran patrullajes permanentes, controles de identidad, intervenciones contra armas y explosivos ilegales, recuperación de espacios públicos y fiscalización de establecimientos comerciales. También se priorizarán mercados relacionados con trata de personas, tráfico de drogas, comercialización ilícita de armas, venta irregular de chips telefónicos y distribución de autopartes de procedencia ilegal.
El decreto incorpora disposiciones para combatir las telecomunicaciones clandestinas desde los centros penitenciarios. Una de ellas contempla el apagón eléctrico en las celdas, con excepción de la iluminación necesaria, además del desmontaje y destrucción de antenas de comunicación instaladas de manera ilícita.
La estrategia también busca fortalecer la capacidad de respuesta del Ministerio Público y del Poder Judicial frente a investigaciones vinculadas con estructuras criminales. Asimismo, se establecen acciones destinadas a proteger a fiscales y jueces que participen en procesos relacionados con hechos delictivos.
Durante la vigencia del régimen excepcional permanecerán en sesión permanente diversos organismos de seguridad y política criminal, entre ellos el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana y el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana del Callao.
Al finalizar los 60 días, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe con los resultados alcanzados durante el periodo. El documento incluirá, además, recomendaciones para determinar las medidas que podrían adoptarse posteriormente frente a los niveles de criminalidad registrados en la capital y el primer puerto.
