Nueva York.– Los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) aumentaron considerablemente durante los últimos meses en Nueva York y Nueva Jersey, en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump
Datos oficiales entregados al Deportation Data Project, iniciativa vinculada a la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), indican que ICE realizó 49,571 arrestos en todo Estados Unidos durante julio, la cifra mensual más alta registrada durante el segundo mandato de Trump.
En comparación, durante junio se contabilizaron 43,021 arrestos, mientras que en febrero la cifra fue de 29,241, lo que refleja un crecimiento sostenido de las detenciones migratorias a nivel nacional.
Nueva Jersey registra fuerte incremento
El aumento fue especialmente pronunciado en Nueva Jersey. Entre mayo y julio, las detenciones realizadas por ICE aumentaron un 147.6 %.
Solo durante julio, más de 2,100 personas fueron arrestadas por agentes migratorios en ese estado. Cerca de 1,800 fueron posteriormente procesadas e ingresadas a centros de detención de ICE.
Las cifras evidencian una intensificación de las operaciones migratorias en Nueva Jersey durante los últimos meses.
Arrestos también aumentan en Nueva York
Nueva York experimentó igualmente un incremento considerable. En abril se registraron 754 arrestos, mientras que en julio la cantidad alcanzó los 1,355, equivalente a un aumento de aproximadamente 79.7 % en tres meses.
La diferencia resulta aún mayor al comparar las cifras recientes con diciembre de 2024, cuando se habían registrado 182 detenciones en el estado.
El aumento se produce mientras las autoridades estatales adoptan medidas dirigidas a limitar la participación de policías y otras agencias locales en la aplicación de las leyes federales de inmigración civil.
Nueva York limita colaboración de policías locales con ICE
El pasado 25 de agosto entraron en vigor nuevas restricciones estatales que buscan reducir la colaboración de las autoridades locales con ICE.
Entre las medidas figura la Local Cops, Local Crimes Act, legislación que impide a departamentos policiales y otras entidades locales mantener acuerdos 287(g) con la agencia federal.
Estos convenios permiten que determinados agentes estatales o municipales reciban autorización para desempeñar ciertas funciones relacionadas con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La Fiscalía General de Nueva York había notificado a 12 agencias del orden que debían poner fin a esos acuerdos a más tardar el 25 de agosto.
Las autoridades estatales sostienen que los recursos de las fuerzas policiales locales deben concentrarse en combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de sus comunidades, en lugar de utilizarse para ejecutar políticas federales de inmigración civil.
Alguaciles llevan restricciones a los tribunales
Las nuevas disposiciones han generado resistencia entre algunas autoridades locales. Quince alguaciles de condados de Nueva York presentaron una demanda federal para impugnar la prohibición de los acuerdos 287(g).
Los demandantes consideran que las restricciones estatales limitan su capacidad para colaborar con las autoridades federales encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias.
Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general Letitia James han defendido las restricciones y mantienen su posición de exigir el cumplimiento de la legislación mientras el conflicto continúa en los tribunales.
Detenciones de ICE mantienen tendencia ascendente
El incremento observado en Nueva York y Nueva Jersey forma parte de una tendencia más amplia en Estados Unidos. De acuerdo con los datos citados, las detenciones realizadas por ICE aumentaron alrededor de un 15 % entre junio y julio.
El comportamiento de las cifras mantiene el tema migratorio en el centro del debate, particularmente en estados como Nueva York y Nueva Jersey, donde las operaciones federales coinciden con discusiones políticas y judiciales sobre los límites de la cooperación entre las autoridades estatales, locales y federales.
