REDACCIÓN.- Una mujer de origen dominicano, identificada como Jennifer González, de 43 años, fue arrestada este miércoles por las autoridades federales de Estados Unidos, acusada de presuntamente dirigir durante más de una década una red dedicada a organizar matrimonios falsos entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros en situación migratoria irregular, con el propósito de que estos últimos obtuvieran fraudulentamente un estatus migratorio legal en Massachusetts.
De acuerdo con documentos publicados por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, González supuestamente organizaba entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año, por los que cobraba entre 38,000 y 40,000 dólares cada uno. Las autoridades estiman que el esquema le habría generado cientos de miles de dólares anuales durante al menos diez años, acumulando ingresos millonarios.
La Fiscalía informó que González fue arrestada la mañana de este miércoles, junto con otras cuatro personas identificadas como Erica Daniels, Chreise Alejandro, Amara Pugh y Jessica Tavares. Un sexto acusado, Jaylin Hill, se encuentra cumpliendo una condena estatal por un delito relacionado con armas de fuego.
Los seis enfrentan cargos de conspiración para albergar a extranjeros en situación migratoria irregular, albergue de extranjeros, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial.
Cómo operaba la presunta red
Según los documentos judiciales, González dirigía un negocio en el que ciudadanos extranjeros le pagaban para conseguir matrimonios simulados con estadounidenses, lo que les permitía presentar documentación ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para solicitar un estatus migratorio legal.
La acusación establece que González presuntamente pagaba a Daniels, Alejandro, Tavares y Hill, todos ciudadanos estadounidenses, para contraer matrimonio con sus clientes. Mientras que Amara Pugh desempeñaba funciones de secretario dentro de la organización.
Las investigaciones señalan que González supuestamente instruía a sus clientes sobre cómo aparentar una relación matrimonial legítima, mediante la apertura de cuentas bancarias conjuntas, la contratación de pólizas de seguro de vida y la toma de fotografías como pareja.
También les explicaba que necesitaban entre tres y cuatro meses para reunir suficiente documentación antes de presentar las solicitudes migratorias.
De acuerdo con la Fiscalía, los extranjeros debían firmar contratos para garantizar el pago de sus servicios. Además, presuntamente realizaban pagos mensuales de 500 dólares a sus cónyuges asignados o a personas cercanas a ellos para mantener el matrimonio ficticio.
Durante la investigación, González fue captada en grabaciones de audio y video mientras dirigía la impresión y firma de un contrato de supuesto préstamo y recibía 3,000 dólares en efectivo como parte del pago por organizar uno de estos matrimonios.
Según el expediente, la acusada habría explicado que evitaba mencionar al cónyuge en los documentos porque hacerlo sería “incriminatorio”, y que los contratos estaban diseñados para ocultar el verdadero propósito de las transacciones.
Los investigadores también documentaron presuntas fotografías de bodas y encuentros sociales organizados entre los participantes para respaldar las solicitudes migratorias fraudulentas.
Presuntas ganancias invertidas en República Dominicana
Uno de los elementos señalados por la Fiscalía estadounidense apuntan que González supuestamente utilizaba las ganancias obtenidas de los matrimonios falsos para adquirir negocios y propiedades inmobiliarias en República Dominicana.
Según los documentos judiciales, durante conversaciones grabadas con un testigo cooperante, la acusada explicó que había invertido parte del dinero en actividades comerciales y bienes raíces en territorio dominicano, país al que se refería repetidamente como “su país”.
La investigación también señala que González presuntamente recibió y gastó más de 120,000 dólares en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) mientras operaba la supuesta red y adquiría propiedades en República Dominicana.
Las autoridades sostienen que varios de los acusados habrían proporcionado información falsa en solicitudes de asistencia alimentaria de Massachusetts, al declarar que nunca habían estado casados, pese a que simultáneamente presentaban peticiones migratorias federales a favor de sus supuestos cónyuges.
Conversaciones sobre las políticas migratorias
La Fiscalía incluyó en el expediente extractos de conversaciones grabadas entre González y un testigo cooperante, en las que presuntamente hablaba sobre las políticas migratorias estadounidenses y las condiciones que ofrecía Massachusetts a los inmigrantes.
En una de esas conversaciones, González habría expresado:
“Creo que puedes estar bien, porque este estado es un santuario, como a Trump no le gusta este estado porque el gobierno de aquí, el estado nos defiende mucho”.
En otra grabación, presuntamente afirmó:
“Massachusetts es el mejor lugar para que tú estés. Eso es un hecho”.
También habría explicado:
“Consigues un seguro de salud. Un, usted recibe mucha ayuda como inmigrante aquí.”
Según los documentos difundidos por la Fiscalía, González igualmente hizo referencia al endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración estadounidense:
“Estamos en un nuevo gobierno, las cosas son un poco más difíciles”.
Cinco arrestados y un sexto acusado en prisión
La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts identificó a los seis acusados como:
- Jennifer González, de 43 años, residente en Fall River.
- Erica Daniels, de 29 años, residente en Fall River.
- Chreise Alejandro, de 39 años, residente en Fall River.
- Amara Pugh, de 31 años, residente en Fall River.
- Jessica Tavares, de 31 años, residente en Attleboro.
- Jaylin Hill, de 26 años, residente en Fall River.
Según la información oficial, González, Daniels, Alejandro, Pugh y Tavares fueron arrestados la mañana de este miércoles 21 de octubre, mientras que Hill ya se encontraba encarcelado por un delito de armas de fuego.
Las comparecencias iniciales ante el tribunal federal fueron programadas para este miércoles: Hill a las 12:45 de la tarde; Daniels y Pugh a las 2:00; Alejandro y Tavares a las 2:45; y González a las 3:15.
Penas de hasta diez años de prisión
De acuerdo con la Fiscalía, los cargos de albergue de extranjeros en situación migratoria irregular y conspiración para cometer ese delito contemplan penas de hasta diez años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta 250,000 dólares por cada cargo.
Por su parte, los delitos de fraude matrimonial y conspiración para cometer fraude matrimonial establecen condenas de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta 250,000 dólares por cada cargo.
Las eventuales sentencias serán determinadas por un juez federal conforme a las disposiciones legales y las directrices de sentencia aplicables.
El caso fue anunciado por la fiscal federal Leah B. Foley, junto con representantes de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
En las investigaciones también participaron organismos federales vinculados a la supervisión de programas laborales, agrícolas, de vivienda y al Servicio de Inspección Postal.
La Fiscalía indicó que la investigación continúa en curso. Los señalamientos contenidos en los documentos judiciales constituyen acusaciones y no una determinación de culpabilidad.
