El diputado por la provincia San Pedro de Macorís, Alcibíades Tavárez De La Cruz, presentó formalmente ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar la Ley Núm. 183-02, Monetaria y Financiera, con el objetivo de establecer un régimen especial de protección a los usuarios de tarjetas de crédito y poner fin a cobros considerados desproporcionados por el sector bancario.
Al fundamentar su propuesta, el legislador calificó de «inconcebible» que mientras la tasa de interés activa promedio de los préstamos en el sector bancario nacional oscila entre el 14 % y el 15 % anual, a las tarjetas de crédito se les aplique una tasa cercana al 60 % anual, lo que representa prácticamente cuatro veces el costo del financiamiento comercial o personal promedio.
Tavárez denunció además las distorsiones en los métodos actuales de facturación, señalando que cuando un ciudadano realiza un consumo y paga la casi totalidad del monto —poniendo como ejemplo un cliente que consume RD$ 20,000 y abona RD$ 19,999—, las entidades financieras aplican el interés sobre el importe total originalmente consumido y no sobre el peso pendiente de pago. Situación similar ocurre cuando un tarjetahabiente paga la totalidad de la deuda con un solo día de retraso, recibiendo el cobro integro de intereses sobre el total.
El proyecto busca aliviar la deuda de usuarios de tarjetas de crédito
La propuesta impide a las entidades financieras crear o incrementar comisiones, penalidades o seguros obligatorios destinados a compensar o neutralizar la reducción del 30 % en las tasas de interés de las tarjetas de crédito.
Para garantizar la transparencia, los estados de cuenta deberán detallar claramente el saldo anterior, los pagos recibidos, los montos aplicados al capital, el saldo pendiente resultante y la tasa de interés utilizada.
La iniciativa también dispone la devolución o acreditación inmediata de los intereses cobrados en exceso por incumplimiento de estas disposiciones, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes.
En cuanto a su implementación, la Junta Monetaria dispondría de 120 días, a partir de la promulgación de la ley, para emitir la reglamentación metodológica. Posteriormente, los bancos emisores contarían con un plazo máximo de 90 días para adecuar sus sistemas informáticos y formatos de facturación.
Con este proyecto se busca establecer límites y controles para evitar que los intereses y otros cargos continúen incrementando la carga económica de los consumidores.
