Factura eléctrica de los 3,300,197 clientes activos que tiene el sistema eléctrico dominicano recibirían un aumento de hasta el 100% del valor de su factura, si se desmontan los subsidios que destina el gobierno al sector.
Entre enero y mayo de 2026, las EDE habían comprado US$1,300 millones en energía, para servirla a los clientes, sin embargo, solo pudieron facturar US$814.84 millones y cobrar US$774.35 millones, generándose un déficit de US$485.29 (-59%) equivalentes a RD$28,428 millones de pesos, en solo cinco meses.
Estas cifras, son las que reviven el tema del subsidio eléctrico y su posible desmonte, por la carga fiscal que representan para el Gobierno, quien es que lo termina asumiendo, con los impuestos que pagan los ciudadanos.
Actualmente las EDE están comprando el KWh a un precio medio RD$9.20, sin embargo, lo facturan a RD$6.17 a los clientes que consumen menos de 200 KWh al mes y a RD$8.71 a los que consumen menos de 300 KWh al mes y a RD$13.04 a los clientes residenciales a partir de 300 KWh.
En abril de 2026, la Superintendencia de Electricidad instruyó a las EDE a reflejar en las facturas de los consumidores, cual es el precio real de la energía que consumen y cuál es la que deben pagar gracias al subsidio.
Al 20 de agosto, el Gobierno ha transferido al sector eléctrico unos RD$79,577 millones al sector eléctrico, según los reportes de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
La propuesta de desmontar el subsidio eléctrico no es nueva, está contemplado en el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2021-2030, desde el año 2021, y en posteriores resoluciones de la Superintendencia de Electricidad, que regulaban su desmonte.
No obstante, el plan fue suspendido por el propio Gobierno, ante la ola de protestas y quejas de la población por las alzas en las tarifas en momentos de altos niveles de inflación que aun repercutían en ese momento por la pandemia del COVID-19.
El tema revive nueva vez con el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, un documento elaborado por el Ministerio de Hacienda, donde se recomienda el establecimiento de tarifas competitivas.
