Por: Junior Henríquez | InfoENN – El Nuevo Norte
Sosúa, Puerto Plata.– Mucho antes de que el transporte en motocicleta alcanzara las dimensiones que tiene actualmente en la República Dominicana, en Sosúa ya se discutía una pregunta que todavía conserva vigencia: ¿debe o no legalizarse el transporte del motoconcho?
Un artículo publicado en 1998 en la revista La Costa, precisamente bajo ese título, documenta una experiencia iniciada varios años antes en este municipio turístico de Puerto Plata. La publicación señala que durante 1992-1993 la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Sosúa y Cabarete (ASHORESOCA) ayudó a organizar una asociación de motoconchistas, cuya directiva estaba integrada por algunos de los propios conductores y era asesorada por dirigentes de la entidad empresarial.
Un intento de organizar el motoconcho en Sosúa
La iniciativa iba mucho más allá de simplemente agrupar a los trabajadores.
Según relata el documento, se estableció un límite al número de motoconchos que podían operar en Sosúa y se fijó una cuota semanal para los miembros.
También se intentó establecer un sistema de identificación mediante fichas gestionadas ante la Policía Nacional. Sin embargo, surgió una dificultad: en aquellos años no se les podía expedir licencia de conducir porque, según explica el artículo, el motoconcho todavía no estaba legalizado.
Ante esa situación, se realizaron gestiones para que la entonces Dirección de Tránsito se trasladara hasta Sosúa y facilitara el proceso correspondiente.
El problema de los seguros
Otro de los obstáculos fue conseguir protección para los propios motoconchistas.
El artículo sostiene que no fue posible obtener de las compañías aseguradoras un contrato que protegiera a esos trabajadores debido al elevado riesgo asociado al servicio.
Frente a esa realidad, la organización llegó a un acuerdo con la entonces Clínica del Dr. Valcárcel, donde se estableció una tarifa semanal para atender determinados accidentes.
Parte del dinero recaudado mediante las cuotas de los motoconchistas se utilizaba para cubrir esos gastos médicos. Los recursos también servían para otras ayudas destinadas a los miembros de la asociación e incluso para colaborar con gastos funerarios cuando alguno sufría un accidente fatal.
ASHORESOCA impartía orientación a los conductores
La organización hotelera y de restaurantes mantuvo durante un tiempo un papel de asesoría.
El documento recuerda que se realizaban reuniones con los miembros de la asociación para orientarlos sobre cómo ofrecer un mejor servicio y mantener una conducta apropiada frente a turistas y usuarios.
El objetivo era que quienes trabajaban transportando pasajeros en motocicletas entendieran la importancia de su comportamiento en una comunidad cuya economía estaba estrechamente vinculada al turismo.
Una organización reservada para residentes de Sosúa
Otro aspecto significativo era el control sobre quién podía pertenecer a la asociación.
De acuerdo con la publicación, solamente podían inscribirse residentes de Sosúa con más de tres años viviendo en el municipio, propietarios y arrendatarios de motocicletas.
La intención era impedir que personas procedentes de otros lugares llegaran a ejercer el oficio sin pertenecer a la organización establecida.
Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron problemas internos.
El artículo señala que la asociación comenzó a deteriorarse debido a desacuerdos entre sus integrantes, dificultades de liderazgo y resistencia de algunos miembros a cumplir con la disciplina establecida.
La propuesta de legalización
Para 1998, el debate había evolucionado.
El artículo planteaba solicitar a la entonces Dirección de Tránsito Terrestre que estudiara la legalización del transporte en motoconcho en todo el territorio nacional.
Pero la propuesta contenía importantes restricciones.
El planteamiento era permitir que los motoconchos pudieran trabajar principalmente en zonas rurales, entradas de caminos, parajes y urbanizaciones, mientras se proponía impedir su circulación en determinadas vías dentro de las ciudades debido al peligro que, según argumentaba el artículo, podían representar tanto para los propios conductores como para los demás usuarios.
La eventual legalización también debía estar acompañada del cumplimiento estricto de las normas de tránsito.
Entre las exigencias mencionadas estaban la licencia de conducir, placa, identificación visible, ficha policial, espejos retrovisores, muffler adecuado y seguro de ley, entre otros requisitos.
Un debate que atravesó generaciones
Visto desde 2026, el documento constituye un interesante testimonio de la historia reciente de Sosúa.
Hace aproximadamente tres décadas ya existía preocupación por asuntos que todavía forman parte de las discusiones sobre el transporte en motocicleta: organización, seguridad vial, identificación de los conductores, seguros, regulación, disciplina y convivencia con otros vehículos.
La experiencia documentada demuestra además que Sosúa llegó a desarrollar tempranamente un modelo mediante el cual empresarios turísticos y trabajadores del motoconcho intentaron establecer reglas para organizar una actividad que continuaba creciendo.
El ejemplar de La Costa permite recuperar así una parte poco conocida de la historia del transporte de Sosúa: cuando a principios de los años noventa se intentó organizar formalmente a los motoconchistas y, para 1998, ya se planteaba públicamente la posibilidad de legalizar el servicio en República Dominicana.
