Por: Junior Henríquez
Sosúa, Puerto Plata, 19 de octubre de 2026. – El joven conocido como DJ Ronald, residente en la comunidad de Maranata, rompió el silencio durante una entrevista realizada por el comunicador Wellington de Jesús, en la que denunció que agentes de la Policía Nacional presuntamente lo golpearon, utilizaron una pistola eléctrica contra él y destruyeron su teléfono celular por grabar una intervención policial en el municipio de Sosúa.
Según relató, los agentes estaban arrestando a una persona que, a su juicio, estaba siendo maltratada. Al percatarse de que grababa lo ocurrido, los uniformados supuestamente le exigieron borrar el video, situación que habría desencadenado su detención y la destrucción del dispositivo.
El joven también aseguró que fue trasladado bajo arresto sin que se le permitiera realizar una llamada telefónica para comunicar su situación a familiares o personas de confianza. Esta circunstancia habría contribuido a que su madre denunciara públicamente su desaparición, generando preocupación en la comunidad.
Durante la entrevista, Ronald manifestó que no es la primera vez que enfrenta situaciones similares y afirmó que ha sido detenido por lo menos cuatro veces por intervenir cuando considera que agentes policiales actúan injustificadamente contra ciudadanos que simplemente transitan por las calles de Sosúa.
La ley contempla prisión por impedir grabaciones policiales
A propósito de esta denuncia, es importante recordar que el artículo 275 del nuevo Código Penal dominicano, Ley 74-25, modificada por la Ley 44-26, establece penas de 15 días a un año de prisión menor, además de multas, para los agentes policiales o militares que impidan a un ciudadano grabar un arresto, registro o allanamiento practicado contra él o contra otra persona.
La disposición establece excepciones cuando la grabación interfiera con el trabajo del agente o ponga en riesgo su integridad. También dispone que la publicación de las imágenes requiere el consentimiento de la persona intervenida.
Asimismo, el artículo 274, relativo a la violación del derecho de llamada, contempla penas de 15 días a un año de prisión menor para los funcionarios que impidan a una persona detenida comunicarse con un familiar, abogado o persona de confianza para informar sobre su privación de libertad.
Estas disposiciones podrían resultar relevantes para el caso denunciado por DJ Ronald, siempre que una investigación determine que ocurrieron los hechos relatados y que se cumplen los elementos establecidos por la legislación.
Solicitan aclarar las circunstancias de la detención
Las declaraciones del joven plantean interrogantes sobre los motivos de su arresto, el presunto uso de fuerza, la destrucción de su teléfono celular y las razones por las cuales, según afirma, no pudo comunicarse con sus familiares.
La entrevista realizada por Wellington de Jesús, que será presentada a través de InfoENN – El Nuevo Norte, recoge directamente la versión del joven sobre los acontecimientos.
Hasta el momento, las denuncias no han sido verificadas de manera independiente y se espera que la Policía Nacional ofrezca su versión sobre lo ocurrido.
InfoENN mantiene abierto el espacio para que las autoridades correspondientes respondan a estos señalamientos y aclaren si se ha iniciado alguna investigación.
¿Se está respetando en Sosúa el derecho de los ciudadanos a documentar las actuaciones policiales?
🎥 Vea la entrevista de Wellington de Jesús a DJ Ronald en InfoENN – El Nuevo Norte.
