Santo Domingo, RD. – Un debate jurídico y administrativo vuelve a tomar fuerza en torno al tratamiento que reciben miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional involucrados en procesos penales, tras surgir cuestionamientos sobre una aparente diferencia de criterios entre casos de alto perfil y expedientes ordinarios.
El tema surge luego de que varios oficiales vinculados al denominado Caso Coral, entre ellos el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), mayor general Adam Cáceres, permanecieran con estatus de oficiales suspendidos mientras agotan las distintas fases del proceso judicial, aun después de haber recibido condenas en primera instancia.
Según especialistas y sectores consultados, las instituciones castrenses aplican en estos casos el criterio de esperar una sentencia definitiva e irrevocable antes de ejecutar una separación administrativa permanente.
Sin embargo, sostienen que en numerosos casos que no alcanzan notoriedad pública, oficiales y alistados son desvinculados de manera inmediata tras la imposición de medidas de coerción o luego de investigaciones internas, sin que exista una sentencia firme en su contra.
La situación ha generado múltiples recursos ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que en diversas ocasiones ha ordenado el reintegro de miembros militares al determinar violaciones al debido proceso.
Entre los casos citados figura el del teniente de corbeta Luis Fernando Evangelista de Oleo, cuya reposición fue ordenada por el TSA en mayo de 2026, incluyendo el pago de los salarios dejados de percibir. Asimismo, el Tribunal Constitucional ratificó una decisión favorable al exmayor Reyes Emilio Reyes Torres, al considerar arbitraria su desvinculación.
Juristas consultados sostienen que la discusión gira en torno a principios constitucionales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley, consagrados en los artículos 69 y 39 de la Constitución Dominicana.
Los críticos de la práctica entienden que la cancelación o retiro de un miembro antes de una condena definitiva puede constituir una sanción anticipada, mientras que otros sectores defienden la facultad disciplinaria de las instituciones para preservar la integridad y la confianza pública en sus filas.
El debate continúa abierto y podría seguir generando decisiones judiciales que definan el alcance de las facultades disciplinarias de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional frente a miembros sometidos a procesos penales.
