Por: Junior Henríquez | InfoENN – El Nuevo Norte
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader defendió este lunes la necesidad de interpretar correctamente los hallazgos de las auditorías de la Contraloría General de la República, al responder a cuestionamientos sobre irregularidades del período 2020-2024 y su clasificación, en algunos casos, como inobservancias subsanables.
Durante LA Agenda Semanal, el mandatario explicó que determinados montos observados corresponden a presupuestos no ejecutados. “En muchos casos que ustedes ven dice: irregularidad por 1,200 millones de pesos. La mitad de la irregularidad o el 80 % de la irregularidad fue que no se ejecutó el presupuesto. Y esa es una irregularidad”, expresó. A continuación añadió: “Entonces hay que saber leer también”.
La respuesta surgió después de que el periodista Cristhian Jiménez cuestionara los resultados de 28 informes, citando personas incluidas en nóminas que no fueron localizadas, fraccionamiento de licitaciones, vehículos no encontrados y diferencias entre los activos registrados y los verificados físicamente.
El comunicador también mencionó RD$47 millones en viáticos sin validar y, posteriormente, diferencias de RD$107 millones en el balance de combustibles y RD$2.7 millones en repuestos. Preguntó cómo situaciones correspondientes a 2021, 2022, 2023 y 2024 podían ser calificadas posteriormente como subsanables.
Ante la insistencia, Abinader sostuvo que los expedientes son remitidos al Ministerio Público para su evaluación y que aquellos en los que se identifican méritos son sometidos a investigación.
En un mensaje publicado paralelamente en sus redes sociales, el presidente afirmó que la percepción de un aumento de las irregularidades responde a una mayor transparencia y disponibilidad de información. Señaló que ese acceso permite a los ciudadanos identificar situaciones cuestionables y al Gobierno corregir fallas, ofrecer explicaciones y llevar ante la justicia los casos que involucren hechos penales.
Por su parte, el contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, detalló medidas para fortalecer la fiscalización. Explicó que la Resolución 05-21 incorpora auditores a la recepción de bienes para verificar que su calidad y cantidad coincidan con los contratos y pliegos, mecanismo que, según indicó, se aplica en 293 instituciones.
También destacó que los requisitos estandarizados para registrar contratos que impliquen desembolsos públicos, establecidos mediante la Resolución 06-21, se implementan en 264 instituciones. Asimismo, recordó la creación en 2021 de la Unidad Antifraude, encargada de investigaciones administrativas especiales y auditorías forenses ante denuncias de presunto manejo irregular de recursos estatales.
Con información de El Nuevo Diario.








