Santo Domingo, RD. – El transporte de sustancias químicas, materiales tóxicos, inflamables, corrosivos y otros productos peligrosos está sujeto a un conjunto de disposiciones legales en República Dominicana, destinadas a prevenir accidentes, derrames y situaciones que puedan comprometer la salud de la población y el medio ambiente.
Entre las principales normas figuran la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Decreto 258-20, que establece el Reglamento de Transporte de Cargas. Estas disposiciones se complementan con regulaciones ambientales específicas para el manejo y traslado de sustancias peligrosas.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) es responsable de regular el servicio de transporte de cargas y sus condiciones de circulación, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece los requerimientos ambientales relacionados con el manejo de estos materiales, la prevención de la contaminación y el control de riesgos.
¿Qué requisitos deben cumplir los transportistas?
La Resolución 0020-2020 del Ministerio de Medio Ambiente aprobó el Reglamento Técnico Ambiental para la Transportación Terrestre de Sustancias y Materiales Peligrosos, cuyo propósito es prevenir y controlar los impactos negativos de esta actividad sobre la salud humana y el entorno natural.
Entre los aspectos regulados se encuentran las condiciones técnicas de los vehículos, la identificación de las sustancias transportadas, los procedimientos de seguridad y las medidas de respuesta ante emergencias.
Asimismo, las empresas deben cumplir con los requisitos de autorización aplicables a sus operaciones, utilizar vehículos apropiados para el tipo de carga y garantizar que el personal involucrado conozca los riesgos de los materiales que manipula.
La documentación, el etiquetado y el embalaje constituyen elementos esenciales para identificar los productos y reducir las posibilidades de incidentes durante su traslado.
Controles, inspecciones y responsabilidades
El Decreto 258-20 establece que el transporte de cargas, incluida la modalidad de mercancías peligrosas, está sujeto a la regulación y fiscalización del Intrant. Además, contempla licencias de operación y disposiciones relacionadas con las condiciones de circulación de los vehículos.
Por su parte, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) tiene atribuciones para fiscalizar el tránsito y el transporte de mercancías en las vías públicas.
En el ámbito ambiental, las responsabilidades también recaen sobre quienes generan, manejan, transportan y reciben sustancias peligrosas, de acuerdo con la actividad que realizan y las obligaciones establecidas en la normativa correspondiente.
En el caso específico de los residuos peligrosos, los artículos 96 y 97 del Reglamento de Aplicación de la Ley 225-20, aprobado mediante el Decreto 320-21, exigen que los transportistas cuenten con personal capacitado, planes de contingencia y equipos para atender fugas, derrames o accidentes.
Esta regulación también establece la utilización de un manifiesto, documento que permite dar seguimiento a los residuos desde su entrega al transportista hasta su recepción en el destino autorizado.
¿Qué ocurre si se produce un accidente?
Ante un accidente que involucre sustancias peligrosas, resulta fundamental identificar el material transportado, activar los protocolos de emergencia y evitar que un derrame o una fuga provoquen mayores daños.
Las responsabilidades legales derivadas del incidente dependerán de las circunstancias, las posibles infracciones a las normas de seguridad y los daños ocasionados. Según corresponda, pueden intervenir las autoridades de tránsito, ambientales y judiciales.
El incumplimiento de las disposiciones aplicables puede dar lugar a sanciones administrativas y otras responsabilidades legales, dependiendo de la naturaleza y gravedad de los hechos.
La regulación busca que el transporte de estos materiales se realice bajo condiciones que reduzcan los riesgos para conductores, comunidades cercanas a las vías y recursos naturales.
La documentación oficial consultada confirma la existencia de estos requisitos y mecanismos de regulación. Sin embargo, queda pendiente obtener una respuesta directa del Intrant y del Ministerio de Medio Ambiente sobre la frecuencia de las inspecciones, la cantidad de transportistas autorizados y los controles que actualmente se ejecutan en las carreteras dominicanas.
