La situación de las bibliotecas municipales, 60 de las cuales han desaparecido del 2009 a la fecha, pone en tela de juicio el papel de las alcaldías para promover y sostener esos espacios; a muchos de las cuales les han dado otro uso violando la ley 502-08 que establece en su artículo 33, numeral 6, que las autoridades municipales deben "destinar los recursos suficientes e incluir las apropiaciones presupuestales necesarias para establecer, ampliar y mantener la infraestructura… de las bibliotecas públicas en el ámbito de su jurisdicción".
Pese a esta disposición, según denunció el encargado de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, Julio César Morel, muchas bibliotecas han sido sustituidas por funerarias. Puso como ejemplo excepcional la de El Prado, en Azua, que llevaba tiempo cerrada y que, por la intervención de representantes de la Biblioteca Nacional y de autoridades comunitarias, no representó, como otras, una biblioteca menos y una funeraria más.
Alcalde se defiende
Al respecto el alcalde de Azua, Rafael Antonio Hidalgo Fernández, alegó que la biblioteca El Prado se encontraba cerrada antes de su gestión. Según relató, se realizaron reuniones con los comunitarios y la junta de vecinos para plantear el "aprovechamiento" del terreno, que comprende otras áreas además del espacio destinado a la biblioteca. Explicó que en el lugar existía un centro comunitario que dejó de prestar servicios hace mucho tiempo. Sostuvo que, de acuerdo con la información que maneja, gran parte de la comunidad habría estado de acuerdo con la propuesta de utilizar el terreno para otros fines. No obstante, Morel aseguró que fueron los jóvenes quienes pidieron que se mantuviera la biblioteca.
Según la ley, aunque el alcalde haya encontrado el espacio inhabilitado, esto no significa una vía libre para dar otro uso al espacio, debido a que el mismo artículo 33 de la norma 502-08, indica que las autoridades deben "promover y llevar a cabo la ejecución de la Política Nacional de la Lectura y del Sistema Nacional de Bibliotecas".
El alcalde atribuyó a los avances tecnológicos parte de la disminución del uso de las bibliotecas públicas, al considerar que los estudiantes cuentan con dispositivos electrónicos que les permiten realizar sus tareas sin necesidad de acudir a estos espacios. Diario Libre contactó a la Liga Municipal Dominicana para abordar este tema, pero la solicitud de entrevista ha sido infructuosa.
