Por: Junior Henríquez | InfoENN – El Nuevo Norte
Puerto Plata. – El enfrentamiento entre taxistas turísticos tradicionales y conductores de Uber vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que las autoridades dominicanas todavía deben resolver de manera definitiva: ¿quién tiene derecho a transportar a los turistas y hasta dónde pueden los sindicatos limitar la libertad de los visitantes para escoger el servicio de su preferencia?
La controversia cobró fuerza tras un incidente registrado en el complejo turístico de Playa Dorada, donde surgieron diferencias relacionadas con la prestación de servicios de transporte mediante plataformas digitales, una situación que evidencia las tensiones existentes entre ambos sectores.
Dirigentes del transporte turístico, entre ellos Félix de Aza, vinculado a SICHOPAYMA, defienden las inversiones realizadas por sus afiliados, el cumplimiento de obligaciones económicas y los derechos que aseguran haber adquirido durante décadas de operaciones en hoteles, aeropuertos y otros puntos turísticos de Puerto Plata.
Los representantes del sector tradicional sostienen que los conductores de plataformas digitales deben cumplir las regulaciones correspondientes y que no puede permitirse una competencia que consideran desigual frente a quienes mantienen unidades destinadas específicamente al transporte turístico.
Sin embargo, el debate no puede limitarse a los intereses de los transportistas. En el centro de esta controversia también están los turistas y ciudadanos, quienes deben tener la libertad de escoger cómo trasladarse, comparar tarifas y contratar el servicio que consideren más conveniente.
La llegada de plataformas como Uber ha transformado el transporte en numerosos destinos internacionales, ofreciendo alternativas de movilidad que forman parte de las expectativas de muchos visitantes. Puerto Plata, como destino turístico, necesita adaptarse a esa realidad sin desconocer los derechos ni las obligaciones de los operadores tradicionales.
En 2021, las autoridades dominicanas anunciaron acuerdos orientados a regular la convivencia entre el transporte turístico y las plataformas digitales. No obstante, las diferencias que continúan presentándose demuestran la necesidad de revisar su aplicación y establecer mecanismos efectivos de supervisión.
Corresponde al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), junto al Ministerio de Turismo y las demás instituciones competentes, definir y hacer cumplir reglas claras, transparentes y equitativas para todos los prestadores del servicio.
Ningún sector debe estar por encima de la ley, pero tampoco puede pretender tener el control exclusivo sobre las decisiones de los visitantes. La competencia debe desarrollarse bajo condiciones legales, sin intimidaciones, confrontaciones ni situaciones que afecten la seguridad y la imagen turística de Puerto Plata.
El verdadero desafío no consiste en decidir si deben desaparecer los taxistas tradicionales o las plataformas digitales, sino en garantizar que ambos puedan operar dentro del marco legal, con estándares de calidad, seguridad y respeto a los consumidores.
Puerto Plata necesita más turistas, mejores servicios y mayor competitividad, no enfrentamientos que terminen perjudicando la imagen del destino. La solución está en la regulación efectiva, el diálogo y el respeto al derecho de elección de quienes utilizan el transporte.
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