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domingo, octubre 18, 2026
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Empresa vinculada a familiares y colaboradores de Dolly Parton recibió un contrato millonario para suministrar armas a la Policía haitiana, mientras surgen cuestionamientos sobre pagos, intermediarios y retrasos en las entregas.

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Una investigación del periódico estadounidense Miami Herald ha puesto al descubierto una controvertida operación de compra de armas y municiones para la Policía Nacional de Haití, en la que más de siete millones de dólares de fondos públicos permanecen sin destino esclarecido, pese a que el Gobierno haitiano realizó transferencias millonarias para adquirir equipos destinados a combatir las pandillas armadas.

La operación involucra a Fencebridge Strategic Risk, una empresa de seguridad fundada en Tennessee en 2015 por Daniel Nozell, antiguo representante de la fallecida cantante Dolly Parton, y Bryan Seaver, sobrino de la artista y quien también estuvo a cargo de su seguridad personal.

fallecida cantante Dolly Parton

Según la investigación, la empresa obtuvo un contrato valorado en aproximadamente US$24 millones, de los cuales US$13 millones correspondían a municiones y US$11 millones a armas de fuego. El acuerdo contemplaba suministrar fusiles semiautomáticos y miles de proyectiles a la Policía haitiana.

Millones transferidos y entregas incompletas

Documentos examinados por el Miami Herald indican que el Gobierno haitiano realizó transferencias en enero de 2026 por más de US$15 millones a través de una intermediaria identificada como Ellie Soto, ciudadana estadounidense residente en Texas.

De acuerdo con representantes de Fencebridge, más de US$7 millones de esos recursos no habían llegado a la compañía, mientras que solo una parte de las municiones contratadas había sido entregada a las autoridades haitianas.

La investigación señala que algunos cargamentos de municiones de calibres 9, 5.56 y 7.62 milímetros llegaron recientemente a Haití, pero el suministro contratado continúa incompleto.

Excongresista estadounidense recibió US$600,000

Otro de los nombres mencionados es Mark E. Green, excongresista republicano de Tennessee y antiguo presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Green reconoció al Miami Herald haber recibido US$600,000 por servicios relacionados con la operación, incluyendo contactos con abogados y gestiones para facilitar los trámites regulatorios estadounidenses.

Sin embargo, negó haber participado en la negociación original del contrato o tener bajo su control los más de siete millones de dólares cuestionados.

La empresa enfrentó retrasos para obtener las autorizaciones estadounidenses necesarias para exportar armamento y municiones a Haití, país sujeto a restricciones internacionales sobre el comercio de armas.

Gobierno haitiano bajo cuestionamientos

La investigación también plantea interrogantes sobre los mecanismos utilizados por las autoridades haitianas para aprobar el contrato y transferir recursos públicos mediante intermediarios privados.

El entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, Patrick Pélissier, habría autorizado dos acuerdos con Fencebridge, aunque el reportaje no pudo establecer si estos fueron sometidos a todos los controles financieros correspondientes.

Andrew Day, director de operaciones de Fencebridge, defendió las actividades de la compañía y aseguró que su objetivo es contribuir al fortalecimiento de la Policía haitiana frente a las organizaciones criminales.

Vínculo con el entorno de Dolly Parton

La conexión con Dolly Parton surge porque dos personas de su entorno profesional y familiar participaron en la fundación de Fencebridge.

No obstante, no existe evidencia presentada en el reportaje de que la cantante haya participado en la negociación, recibido fondos o intervenido en la venta de armas a Haití.

El caso adquiere especial relevancia por la grave crisis de seguridad que atraviesa Haití, donde las autoridades necesitan equipamiento para enfrentar a las pandillas, mientras surgen cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos destinados a fortalecer a sus fuerzas policiales.

La investigación deja abiertas interrogantes sobre el paradero de los fondos, las responsabilidades de los intermediarios y la entrega definitiva del armamento contratado.