Por: InfoENN | El Nuevo Norte
San Juan de la Maguana. – El fallecimiento de Amaury Rodríguez, de 24 años, conocido como “To Junto”, ocurrido el miércoles 14 de octubre de 2026 durante una intervención de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), ha generado versiones encontradas entre la Policía Nacional y los familiares del joven.
Mientras la institución sostiene que Rodríguez perdió la vida tras disparar contra una patrulla, sus familiares rechazan esa explicación y denuncian presuntas irregularidades en la actuación policial, incluyendo supuestos cobros de dinero por parte de agentes.
Primera versión: lo que sostiene la Policía Nacional
De acuerdo con el informe oficial, agentes del DICRIM acudieron al paraje Pueblo Nuevo, distrito municipal El Rosario, tras recibir una alerta sobre un presunto intercambio de disparos entre varios individuos.
La Policía asegura que, al llegar, Rodríguez habría disparado contra los agentes, quienes respondieron a la supuesta agresión. Durante el incidente, un proyectil impactó el retrovisor izquierdo de una unidad policial.
La institución reportó la ocupación de un arma de fuego con marca y numeración ilegibles, un cargador, tres cápsulas y una motocicleta Haojue Express roja. También informó que entre las pertenencias del fallecido fueron encontrados RD$4,800 y una porción de un vegetal presumiblemente marihuana.
El informe señala, además, que Rodríguez había sido sometido a la justicia el 20 de abril de 2026, junto a Kelvin Novas, alias “Charpita”, por un caso relacionado con un supuesto intercambio de disparos contra otra persona.
Sin embargo, el documento no establece si existía una orden de arresto vigente contra Rodríguez ni cuál había sido el resultado de aquel proceso judicial.
Segunda versión: lo que denuncian los familiares
Los familiares de “To Junto” rechazan que el joven haya enfrentado a tiros a los agentes policiales. Según declaraciones difundidas por Noticias SIN, Rodríguez habría sido detenido sin oponer resistencia y posteriormente habría perdido la vida en circunstancias que sus parientes consideran irregulares, relacionadas con su traslado al hospital Alejandro Cabral.
Los allegados también denunciaron que Rodríguez supuestamente entregaba RD$125,000 a miembros de la Policía Nacional para que le permitieran operar un punto de venta de sustancias ilícitas.
De acuerdo con la familia, el joven quería abandonar esa actividad, pero presuntamente recibía presiones y amenazas de agentes que exigían continuar recibiendo dinero.
Existe una diferencia entre las declaraciones publicadas: Noticias SIN reporta pagos mensuales, mientras que Acento y El Granero del Sur señalan que eran semanales.
Los familiares solicitan que se investigue la actuación de los agentes y han pedido la intervención de las autoridades nacionales para esclarecer lo sucedido.
Dos versiones que requieren una investigación independiente
La versión policial plantea que Rodríguez disparó primero y que los agentes respondieron a una agresión. La versión familiar sostiene que no existió tal enfrentamiento y denuncia posibles actuaciones irregulares.
Hasta ahora, las acusaciones de cobros ilegales no han sido demostradas y tampoco se han presentado públicamente conclusiones periciales independientes que permitan resolver las contradicciones.
El Ministerio Público debe establecer cómo ocurrieron los hechos, verificar las evidencias balísticas, examinar el informe de autopsia y determinar si la actuación policial se ajustó a la ley.
La Policía Nacional tiene el deber de combatir la delincuencia, pero ninguna persona pierde sus derechos fundamentales por tener antecedentes o estar vinculada a una investigación penal.
