SANTO DOMINGO.- El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió enfáticamente a los doctores no prestar sus códigos profesionales para evitar ser procesados penalmente, esto tras el fallo de distintas medidas de coerción contra los imputados en el esquema de fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa), denominado Operación Senasa 2.0.
“Este es un proceso del que debemos aprender y quiero aprovechar para exhortar a los médicos a que no presten sus códigos; prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal. Si los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no hubiese existido”, afirmó Camacho, agregando que se realizará una campaña de concienciación para evitar esta práctica.
El magistrado Wilson Camacho valoró la decisión del tribunal como “razonable” y advirtió que “la investigación sobre lo sucedido en Senasa no se cierra, no concluye con esta resolución y vamos a ir por más”.
De acuerdo con la resolución judicial, a siete de los imputados se les impuso prisión preventiva, a once arresto domiciliario y a seis garantía económica con impedimento de salida y presentación periódica, mientras que dos quedaron sin medidas coercitivas.
Prisión preventiva
Irán a cumplir prisión preventiva en la cárcel de Las Parras los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación. Por su parte, Isabel Heredia Vallejos, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista serán recluidas en el centro Najayo Mujeres.
Arresto domiciliario
Cumplirán prisión domiciliaria Lucreisy Polanco Núñez, Martha María Saldaña Saldaña, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Víctor Felipe Rodríguez García, Luz Esther Reyes Durán, Alberto Batista Cruz, Heidy Coronado Paulino, Engels Federico Díaz Mendoza, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
Otras medidas
A los implicados José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré les fueron dictadas las medidas de impedimento de salida del país, presentación periódica y el pago de una garantía económica.
El caso
La llamada Operación Senasa 2.0-A persigue una red que habría defraudado fondos públicos mediante la facturación y cobro de servicios médicos no realizados, suplantación de identidades de afiliados y la vulneración de bases de datos de la aseguradora estatal.
La investigación se originó a partir de una denuncia del propio Senasa el 28 de noviembre de 2024, durante la gestión de Santiago Hazim, tras detectar irregularidades en autorizaciones de servicios médicos. Posteriormente, las autoridades arrestaron a los implicados tras ejecutar 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. La red operaba gestionando falsas aprobaciones de cirugías y procedimientos mediante el call center de la institución, utilizando datos de afiliados con bajo uso del seguro.
